Casi 29 años después, Argentina aceptó su responsabilidad internacional por la violación de distintos derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de María del Carmen Senem de Buzzi, recluida ilegalmente en una institución psiquiátrica del Estado.
En la sede del Archivo Nacional de la Memoria de la Ex ESMA se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa entre representantes del Estado argentino y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este caso.
El convenio alcanzado establece que el Estado argentino asuma su responsabilidad internacional, ofrezca disculpas y se lleven a cabo una serie de medidas de prevención como la promoción de la implementación en las provincias de la Ley Nacional de Salud Mental y la presentación de planes de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos públicos de la Provincia de Buenos Aires.
“Esto es un acto de reparación necesario para hechos que sucedieron a lo largo de nuestra historia con las mismas características y con el despojo del derecho de las personas, en la mirada de un poder judicial tutelar, patriarcal que todavía seguimos exigiendo que se ponga a altura de nuestra democracia y que pueda entender los errores que cometió en el pasado y los errores que todavía sigue cometiendo” afirmó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
Pietragalla aceptó la responsabilidad del Estado argentino “por las violaciones de los derechos a la libertad, a la integridad, al debido proceso, a la protección judicial a la vida privada y a la no discriminación sufrida por María del Carmen Senem de Buzzi”.
La víctima falleció en 2019 y las disculpas, en su nombre, las recibió su hijo, Carlos Maciel. No se informó de un monto de reparación por parte del Estado argentino en este caso.
El caso
El 20 de octubre de 1993, María del Carmen Senem de Buzzi acudió a un juzgado de familia para pedir un tratamiento para su hijo de 19 años, afectado por su adicción a las drogas, pero una jueza nacional ordenó que ella fuera sometida a una evaluación psiquiátrica, que duró apenas unos minutos, y terminó internada de manera forzosa, en violación de la legislación vigente en ese momento.
“María del Carmen fue engañada por las autoridades del juzgado y trasladada a una clínica psiquiátrica de la provincia de Buenos Aires, donde estuvo detenida por casi cinco meses”, indicó la web del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representó legalmente a la víctima. El organismo consideró este caso como paradigmático porque muestra cuál era la respuesta estatal que recibían las personas usuarias de los servicios de salud mental en Argentina antes de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental.
Durante los primeros 15 días de su reclusión, Senem de Buzzi permaneció completamente aislada en condiciones muy precarias que le afectaron la salud. En los 5 meses que estuvo internada, nunca supo por qué estaba allí, ni conoció su tratamiento médico, ni su voz era tomada en cuenta. “Durante todo ese tiempo, los defensores públicos no se contactaron con ella ni realizaron presentaciones judiciales adecuadas en defensa de sus derechos. El juzgado no controló la internación ni veló adecuadamente por su libertad e integridad”, revela el CELS.
Cuando la víctima finalmente salió del centro psiquiátrico, presentó un recurso judicial que tardó casi 14 años en ser resuelto y que fue rechazado en todas las instancias nacionales; razón por la cual decidió llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que falló a su favor y determinó la responsabilidad del Estado argentino.
