El presidente de Argentina, Alberto Fernández, logró este martes otro paso en su propuesta de juicio político a la Corte Suprema, al obtener la firma de 12 gobernadores en el marco del conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación.
El proyecto propuesto por el mandatario busca destituir a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal del país, luego del fallo que benefició a Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por los fondos coparticipables, además, por el reporte que reveló una relación sospechosa y escandalosa entre la Corte y algunos funcionarios del ‘macrismo’.
‘’Mal desempeño y manifestación de parcialidad’’ son las razones por las que Rosatti sería juzgado, a través de la propuesta del juicio, se investigaría la conducta del presidente del tribunal en el desarrollo de sus funciones.
“Por medio de la presente se solicita el inicio del proceso institucional de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”, se lee en el documento que compartió el mandatario.
Esta iniciativa también tiene como objetivo el proceso de juicio político al resto de los integrantes del máximo tribunal: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Masqueda y Ricardo Lorenzetti.
"Pedimos al bloque de diputados del ‘Frente de Todos’ que apoye el proyecto para iniciar el proceso en el Congreso", exigió el jefe de Estado.
Escándalo de chats
El pasado viernes fue revelada una conversación entre el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, un ejecutivo de la Corte Suprema de Justicia fuertemente asociado con Rosatti.
De la polémica conversación se captó una presunta asociación entre el Gobierno capitalino, administrado por ‘Juntos por el Cambio’ y el máximo órgano judicial del país, que recientemente falló a favor del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires en la causa por la coparticipación de fondos federales.
"Diversas publicaciones, jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado", comentó Fernández.
En este sentido, D’Alessandro anunció que se tomará una ‘’licencia temporaria’’ a raíz de la filtración de los chats que podrían inculpar al ministro por distorsionar la decisión de la coparticipación de fondos.
"Necesito tomarme una licencia temporaria, ordenar mis cosas familiares, preparar la defensa para demostrar la falsedad de las operaciones infames a las que pretenden someternos", comentó el ministro en conferencia de prensa tras el anuncio del mapa del delito de la Capital Federal.
El Gobierno ya confirmó que ingresará mañana por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz y Maqueda, defendiendo que “conductas llevadas adelante por los magistrados resultan susceptibles de ser encuadradas en la noción de mal desempeño en el ejercicio de su cargo”.
A la recolección de firmas del mandatario asistieron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
