El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Virgilio Saquicela, convocó para este sábado una sesión para discutir la posible destitución del presidente Guillermo Lasso.
Diversos medios informaron sobre esta sesión convocada por la bancada Unión por la Esperanza (UNES), en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes en el país sudamericano.
El pedido se sustenta en el artículo 130 numeral 2 de la Constitución que establece la atribución de la Asamblea Nacional para destituir al Presidente de la República por “grave crisis política y conmoción interna”.
Por su parte, el primer mandatario nacional aseguró que el objetivo principal es un golpe de Estado en su contra. “La intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado”, declaró Lasso luego de la muerte de tres manifestantes en una fallida irrupción en el Congreso.
En una transmisión de radio y televisión, el presidente Lasso, aislado por contraer la Covid-19, declaró que “la intención real del señor (Leonidas) Iza es el derrocamiento del gobierno (…) la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado”.
Leonidas Iza, es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que llamó a una protesta pacífica al alza de los precios de los combustibles y los productos del campo, el desempleo y el crimen, entre otras demandas.
Sin embargo, estas protestas con el pasar de los días desencadenaron enfrentamientos violentos entre grupos de choque y fuerzas del orden público que ha dejado hasta los momentos seis muertos, decenas de heridos y daños a la propiedad privada.
En la capital del país, Quito, miles de indígenas volvieron a chocar con la policía nacional tras una semana de protestas en diversos puntos de la ciudad. Después de varios días de conversaciones, el presidente Lasso permitió el ingreso de 5.000 indígenas a la Casa de la Cultura.
Según el primer mandatario, esta locación propiciaría las mesas de negociaciones con los manifestantes ya que la Casa de la Cultura es un lugar simbólico para los pueblos originarios. Sin embargo, un grupo de manifestantes avanzó hacia el Congreso e intentó tomar sus instalaciones.
Durante el choque tres personas murieron, sumando seis las víctimas mortales, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. También se contabilizaron más de 180 heridos entre militares y policías.
En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, advirtió que “nos vamos a ver en la obligación (…) de dar el siguiente paso. Ya no podemos seguir repeliendo, tenemos que reprimir con uso progresivo de fuerza. Eso implica la posibilidad de utilizar (…) perdigones”, subrayó.
