Un nuevo episodio de violencia sacude a Ecuador, con el asesinato a tiros del alcalde José Sánchez del municipio Camilo Ponce Enríquez, en la provincia andina de Azuay. Este lamentable suceso se enmarca en el «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa, dirigido contra las bandas del crimen organizado, identificadas como los principales responsables de la ola de violencia que azota al país.
Según confirmaciones del prefecto provincial, Juan Cristóbal Lloret Valdivieso, el alcalde fue víctima de un ataque perpetrado por presuntos sicarios, que también resultó en la muerte de dos personas más, aunque esta información aún no ha sido oficialmente confirmada por las autoridades.
El alcalde, conocido popularmente como ‘Jushico’, había denunciado previamente un presunto atentado contra su domicilio en octubre de 2023. Este hecho, sumado a su activa labor en la lucha contra la minería ilegal en su jurisdicción, ponía de manifiesto los desafíos que enfrentaba en su gestión.
El municipio de Camilo Ponce Enríquez, ubicado cerca de la costa ecuatoriana, había sido afectado por la presencia de actividades ilegales en torno al río Guanache, las cuales el alcalde se había comprometido a regularizar.
Este crimen se suma al asesinato previo de Brigitte García, alcaldesa del cantón San Vicente, ocurrido apenas tres semanas atrás. Estos trágicos sucesos han generado una profunda conmoción en el país, exacerbando la preocupación por la seguridad ciudadana.
El presidente Noboa ha declarado el estado de «conflicto armado interno» contra veintidós bandas de crimen organizado, considerándolas grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Esta medida, tomada a principios de año, busca abordar la creciente violencia que ha llevado a Ecuador a ser catalogado como uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, con una alarmante tasa de homicidios en 2023.
El reciente asesinato del alcalde Sánchez también coincide con la proximidad del referéndum convocado por Noboa para implementar reformas en justicia, empleo y seguridad. Estas medidas, destinadas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado, se presentan como una urgente respuesta a la situación de inseguridad que atraviesa el país.
