Tras 33 días de protestas, lideradas por el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para adelantar la realización del Censo y obtener el reparto de ayudas el Comité Interinstitucional de ese estado, consideró que la fecha no es "determinante" y estudian continuar el paro indefinido.
Camacho, consideró en varias ocasiones que la realización del Censo en 2023 era “inquebrantable”-y no en 2024 como propone el gobierno- y bajo el denominado “movimiento cívico” de Bolivia, inició el 22 de octubre pasado un paro nacional indefinido
La Misión Técnica en el país suramericano de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó la violencia de las protestas, y pidió que se investigase cualquier violación de derechos.
Además rechazó los hechos violentos registrados en las últimas semanas en el país, y destacó la importancia del derecho a reunión y protesta pacífica como vía “para ejercer otros derechos como el de participación en los asuntos públicos o la libertad de expresión”.
El gobierno de Luis Alberto Arce anunció la semana pasada, que tomaría acciones penales contra los responsables de las protestas de Santa Cruz, tras informar que el balance de víctimas es de cuatro fallecidos y 178 heridos en los primeros 20 días.
El Censo de Población y Vivienda, establecido en la Constitución boliviana para realizarse cada 10 años, inicialmente estaba previsto para el 16 de noviembre de 2022, pero fue postergado por razones técnicas para el 2024, durante una reunión del presidente Luis Arce, con autoridades regionales.
