A siete días de que Lula da Silva, asumió la presidencia de Brasil un grupo de bolsonaristas, seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, han invadido el Palacio de Planalto, el Congreso Nacional y la Corte Suprema, en un acoso contra los tres poderes del corazón de la democracia más grande de América Latina.

Patrullas de la Policía Legislativa, que velan por la seguridad en el Congreso, fueron atacadas y las barreras que acordonaban las sedes de los tres poderes fueron destruidas por los manifestantes. Los actos antidemocráticos piden la intervención militar de las Fuerzas Armadas para derrocar a Lula Da Silva, quien asumió la Presidencia de Brasil el pasado día 1 de enero en un clima de paz y seguridad.

Las policías del Legislativo y de la Fuerza Nacional de Seguridad han lanzado gases lacrimógenos para dispersar, sin éxito, a los manifestantes, que portaban banderas brasileñas y algunos estaban armados con palos. En redes sociales, circulan videos de la inacción de la policía por lo que fue destituido el secretario de Seguridad Pública de Brasilia, Anderson Torres, que fue ministro de Bolsonaro.

En su primera reacción a los hechos, el presidente Da Silva indicó que Bolsonaro alienta discursos violentos y que lo ocurrido, es también su responsabilidad.

Antes, los manifestantes habían invadido también el Congreso Nacional de Brasil, situado en Brasilia. El grupo, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado. Centenares de bolsonaristas radicales están acampados frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, desde el día posterior a las elecciones del pasado 30 de octubre, en las que Lula derrotó a Bolsonaro.

Los extremistas, en su mayoría con camisetas amarillas y verdes y banderas de Brasil, también atacaron algunos vehículos de la Policía Legislativa, que brinda seguridad al Congreso y destruyeron barreras de protección y armados con palos se enfrentaron a los agentes que intentaron contener, sin éxito, la entrada de los manifestantes.

Los campamentos de los bolsonaristas radicales, que se han multiplicado en ciudades de todo el país, comenzaron a ser desmontados el viernes en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, donde ocurrieron algunos disturbios.

El sábado, el ministro de Justicia, Flávio Dino, autorizó la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo de élite de los cuerpos de Policía de todo el país, que se moviliza para misiones especiales.

Desde el triunfo de Lula en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre, con el 50,9% de los votos válidos frente al 49,1% de Bolsonaro, los simpatizantes de éste se han concentrado en las afueras de los cuarteles del Ejército.

El Gobierno anuncia refuerzos policiales

Flávio Dino afirmó este domingo que "no prevalecerá" la voluntad de los bolsonaristas radicales que han invadido el Congreso Nacional y rodean las sedes del Ejecutivo y del Poder Judicial, en una manifestación golpista.

Denuncian fascismo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y el de Chile, Gabriel Boric se pronunciaron ante los hechos y mostraron su solidaridad con el Presidente Lula. En el mismo sentido, se pronunció Celac.

Lula asumió en paz

Da Silva, asumió la Presidencia de Brasil el pasado 1ero de enero bajo un ambiente de paz y apoyo popular. Este fin de semana se enconttraba de viaje en la ciudad de Araraquara, en São Paulo.

Una vez que tomó el poder, la primera acción que tomó fue revocar las polémicas medidas tomadas por el expresidente Jair Bolsonaro en materia de armas y medioambiente.

En el primer decreto que firmó, ya investido con la banda presidencial fue la suspensión de la emisión de nuevos permisos para la compra de armas y la creación de clubes de tiro y ordenó un nuevo registro de todas las armas adquiridas por civiles en los últimos cuatro años.

Bolsonaro, por su parte, no asistió a la toma de posesión de Lula, ya que partió sorpresivamente el viernes de Brasil en el avión presidencial, poco después de dirigirse a sus fanáticos para exigir una dura oposición al nuevo gobierno.

El segundo decreto firmado por el presidente brasileño reactivó el Fondo Amazonía, un programa destinado a financiar proyectos sostenibles en el mayor bosque tropical del mundo, con el objetivo de preservar y mitigar el impacto de los gases de efecto invernadero.

Además, revocó un decreto de Bolsonaro que ampliaba la licencias para la explotación de recursos minerales en la Amazonia, incluso en territorios habitados por poblaciones indígenas.