El Gobierno de Brasil anunció la destitución de 54 funcionarios públicos involucrados en violaciones de los derechos de las comunidades indígenas durante el mandato del ex presidente Jair Bolsonaro.
Entre los dirigentes cesados se encuentran 11 coordinadores regionales de la Secretaría de Salud Indígena (SESAI) y 43 jefes regionales y estatales de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI).
La decisión fue tomada luego que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunció genocidio y delitos ambientales contra los pueblos originarios, en especial la reserva indígena yanomami.
"Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño", escribió en sus redes.
Ahora los organismos –algunos dirigidos por militares- serán encabezados por representantes de las comunidades originarias.
De acuerdo con la cartera de los Pueblos Indígenas, 99 niños del pueblo yanomami de entre uno y cuatro años murieron el año pasado por desnutrición, neumonía y diarrea causadas por el avance de la minería ilegal en la región.
