Aunque en Colombia se ha intentado regular en dos ocasiones la gestación subrogada (conocida como vientres en alquiler) ambos proyectos de ley están archivados porque no pasaron nunca el primer debate en la Cámara. Sin embargo, las publicaciones en redes y los grupos de derechos humanos y jurídicos aseguran que el país es uno de los que despuntan en América Latina en ese rubro.
«Colectivos feministas y las propias mujeres que ofrecen su vientre en redes sociales aseguran que muchas aceptan por menos de 3.000 dólares», publicó El País.
Si bien la UE incluyó esta práctica dentro de la ley de trata, el país andino sigue siendo una opción para miles de parejas nacionales y extranjeras. Muchas mujeres acceden por menos de 3.000 dólares.
María Cristina Hurtado, abogada y politóloga feminista, explicó que el limbo legal en este tema es un reflejo de los intereses comerciales en el país: “Esto es un negocio multinacional que produce casi tanta plata como la pornografía. Los lobbies que están detrás son las clínicas de reproducción asistida y las parejas extranjeras que en Estados Unidos o Europa que compran niños por 60.000 dólares y aquí no les cuesta casi nada”.
Para Hurtado, una de las voces más críticas contra los vientres de alquiler en Colombia, lo más grave es que sea la propia izquierda quien salga a defenderlo, “como una medida feminista”: “Voté a un Gobierno que se declaraba en contra de las políticas neoliberales y se están metiendo en lo más profundo de los derechos humanos. Estar en contra no es moralista, es defender los derechos de las mujeres y niños”.
En el reportaje entrevistan a Lorena Restrepo (nombre ficticio), madre soltera de 33 años, quien puso el anuncio hace poco más de un mes en Facebook y ya ha recibido 10 ofertas, pero ninguna supera los 5.000 dólares. “Quiero darles una vida mejor a mis hijos y celebrarle los 15 a mi nenita”, explicó.
Para la abogada penalista Helena Hernández el alquiler de vientres es un “cóctel perverso” que ve a las mujeres como “vasijas o contenedores”. “Es una falacia pensar que todo lo que no nos gusta soslaya nuestra integridad física o nuestra dignidad. Yo puedo ser empleada de servicio y puede no gustarme, pero no es indigno ni me cosifica como mujer. No se puede comparar con los vientres de alquiler, porque el producto del trabajo es la propia mujer. No puede apartar un vientre de lo que es la mujer”.
Con respecto al consentimiento Hernández es tajante: “El supuesto consentimiento del que hablan no puede ser superior al de la dignidad humana. Pasa lo mismo con la venta de órganos, por mucha libertad que queramos tener y haya órganos que no nos sirven, no lo hacemos porque sabemos que va a haber una captación de las personas más vulnerables… Eso lo entendemos, pero cuando son mujeres y encima hay niños involucrados, cuesta siempre más”. Y zanja: “Una política pública no se crea a partir de la excepción de quienes consientan, sino para la mayoría. Y menos cuando la minoría es la privilegiada”.
