El informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de Perú, recomendó acusar formalmente al presidente de esa nación, Pedro Castillo, por presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
Entre las conclusiones del informe destaca que el primer mandatario, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López, todos prófugos de la Justicia, integraban presuntamente una red criminal para conceder un contrato de obras públicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la construcción del Puente Tarata.
La Comisión también recomendó incluir en estas acusaciones al exministro de Defensa Walter Ayala, “por su supuesta injerencia en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas”.
Sin embargo, durante un interrogatorio de la Fiscalía hace una semana, Castillo negó estar involucrado en estos delitos. El informe será nuevamente debatido por los integrantes de la Comisión, de mayoría opositora, durante esta semana.
Si el documento final llega a ser aprobado por la Comisión, el mismo debe ser enviado ante el pleno del Congreso para ser aprobado. En este punto, el primer mandatario podría enfrentarse a un tercer pedido de vacancia en 11 meses.
En medio de la crisis institucional que vive la nación sudamericana, el presidente Pedro Castillo informó que oficializó su dimisión a la militancia del partido Perú Libre.
A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario escribió, "hoy he presentado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mi renuncia irrevocable al partido político Perú Libre. Tal decisión obedece a mi responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos. Soy respetuoso del partido y sus bases construidas en la campaña".
