Diputados argentinos reiniciaron este viernes el debate del amplio paquete de reformas del presidente Javier Milei, tras dos jornadas maratónicas en el recinto y protestas afuera reprimidas por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos.
«Fueron excesos», respondió uno de los líderes de la bancada oficialista, José Luis Espert, en rueda de prensa en la puerta del Congreso, consultado sobre el accionar de las fuerzas de seguridad que dejó un saldo de decenas de heridos, según comprobó la AFP.
Las autoridades no han brindado hasta ahora balances de los incidentes, antes de una tercera jornada con nuevas protestas convocadas.
Fuerzas de policía militarizada habían anticipado que aplicarían un protocolo de severas restricciones a los mitines callejeros, creado por Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los manifestantes y los periodistas fueron dispersados a balazos de goma, golpeados con bastones y agredidos con gas pimienta, hasta que los alrededores quedaron vacíos.
Al recibir noticias de que la policía reprimía, diputados de varios partidos de la oposición abandonaron el recinto para observar los hechos y apoyar a los manifestantes.
La cámara discute una mega ley que incluye la concesión de superpoderes o facultades delegadas a Milei para que gobierne por decreto, disponga la venta de empresas públicas, contraiga deuda pública sin aval parlamentario y desregule toda la actividad económica, entre otras reformas de su ideario autodefinido como «anarcocapitalista».
La suma del poder público
El oficialismo tiene solo 38 de 257 bancas pero cuenta con el apoyo de aliados de derecha, centroderecha y socialdemócratas para aprobar parte del proyecto de la denominada Ley Ómnibus, que incluye 300 reformas económicas y políticas del gobierno.
Durante la víspera, la oposición peronista y de izquierda centró sus críticas en las reformas propuestas del Código Penal, que contemplan la criminalización de las protestas callejeras y, sobre todo, en las «facultades delegadas», tras denunciar que implican «otorgar la suma del poder público».
«Hay que discutir a quién se le da facultades delegadas: ¿a un presidente que no cree en la democracia, que desconoce al Congreso, que acusó a los legisladores de cobrar coimas (sobornos)», se preguntó la diputada opositora Paula Penacca.
AFP
