Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, ordenó la ejecución de al menos 30 funcionarios. Según medios surcoreanos, los culpó por no prevenir las graves inundaciones y deslizamientos que afectaron al país.
Las intensas lluvias dejaron entre 4.000 y 5.000 muertos y desplazaron a más de 15.000 personas.
Corrupción y negligencia: las acusaciones
TV Chosun, cadena surcoreana, informó que los funcionarios ejecutados enfrentaban cargos por corrupción y negligencia. Un oficial del régimen confirmó que «entre 20 y 30 cuadros en el área afectada por las inundaciones fueron ejecutados simultáneamente a finales del mes pasado».
El desastre impactó principalmente la provincia de Chagang y la cuenca del río Yalu, fronteriza con China. Daily NK reportó que las inundaciones sumergieron más de 4.000 edificios y 3.000 hectáreas de tierras agrícolas, afectando a miles de residentes.
Reacciones de Kim Jong-un
Tras la catástrofe, Kim Jong-un destituyó a Kang Bong-hoon, secretario del Partido en Chagang, y al Ministro de Seguridad Pública. Según un ex diplomático norcoreano, los funcionarios «no sabían cuándo caerían sus cabezas».
Kim también rechazó la ayuda internacional y ordenó trasladar a los desplazados a la capital, estimando de dos a tres meses para reconstruir las áreas afectadas.
Ejecuciones públicas en aumento
Las ejecuciones públicas no son raras en Corea del Norte. Según Korea Times, antes de la pandemia, se registraban unas 10 ejecuciones anuales, pero esta cifra ha aumentado a cerca de 100 en los últimos años.
El régimen ha incrementado las ejecuciones de jóvenes para disminuir la influencia surcoreana. Aunque Corea del Norte afirma que las ejecuciones públicas son raras, los reportes indican lo contrario.
Deserción de diplomáticos y condena internacional
Ri Il Kyu, un alto diplomático norcoreano, desertó a Corea del Sur en noviembre. El Departamento de Estado de EEUU condenó la «aplastante represión» del régimen norcoreano, que lleva a muchos a desertar.
Según Infobae, Ri decidió desertar tras experimentar frustración por una evaluación laboral injusta y la negativa a recibir tratamiento médico. Su caso es el de más alto perfil desde la deserción del embajador adjunto en el Reino Unido en 2016 .
