Diez años después de que el Estado salvadoreño negó a Beatriz la posibilidad de abortar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchará 42 testimonios para evaluar «la responsabilidad internacional de El Salvador por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud» de Beatriz, explica un comunicado del tribunal.
«Este es el primer caso que de manera específica trata la problemática de prohibición del aborto en la Corte como una violación de derechos», dijo a BBC Mundo Morena Herrera, una de las activistas más reconocidas en El Salvador por su lucha contra la prohibición del aborto.
Según la prensa local, Beatriz era una paciente de lupus e insuficiencia renal a quien en 2013 se le impidió interrumpir su embarazo, a pesar de que un comité médico ya había concluido que esa era la salida más adecuada para su salud.
Los anticuerpos del lupus afectaban sus riñones y les impedía cumplir con su función de filtrar los desechos (nefropatía lúpica). Además, su sistema inmune atacaba las articulaciones y le causaba severos dolores, hinchazón y rigidez (artritis reumatoidea).
Ahora, una década después, la corte recibe «alegatos y observaciones finales orales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas» de este caso, para lo cual escuchará las declaraciones de 42 personas, entre presuntas víctimas, testigos y peritos, propuestos tanto por la parte demandante como por el Estado salvadoreño.
Fue su ex pareja quien demandó a las mujeres que ayudaron a abortar a su ex esposa quien residía en una comunidad pobre del cantón La Noria Tierra Blanca, una localidad muy vulnerable en el municipio de Jiquilisco, en el sureste de El Salvador.
Cabe destacar que la Sala Constitucional de El Salvador admitió la demanda de amparo y dictó una medida cautelar. Sin embargo, luego descartó la protección al considerar que «no hubo conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas que hubiera producido un grave peligro a los derechos a la vida y a la salud de Beatriz», explica el dossier de su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso de Beatriz –quien murió en octubre de 2017 en un accidente de tránsito- se ha convertido en un símbolo para la lucha a favor del aborto en El Salvador.
Los abogados del caso también solicitan que el Estado salvadoreño sea juzgado por incumplir su deber de «prevenir y sancionar» la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como impedir la violencia contra la mujer en el caso de Beatriz.
Los defensores de derechos humanos y analistas jurídicos resaltan que la sentencia será importante porque «la jurisprudencia de la Corte puede aplicarse a otros países firmantes del Pacto de San José».
No es un dato menor que El Salvador tiene una de las leyes más estrictas del mundo contra el aborto, al prohibir todo tipo de interrupciones, incluso si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o es resultado de una violación o un incesto.
Al menos 180 mujeres han sido procesadas o encarceladas en el país centroamericano durante los últimos 20 años por abortar, según el Centro para la Igualdad de la Mujer, un grupo que desde Estados Unidos apoya las campañas a favor del aborto en América Latina.
El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, liberó en diciembre de 2021 a tres mujeres que cumplían condenas de 30 años de cárcel después de sufrir emergencias obstétricas durante sus embarazos y que fueron procesadas por el delito de homicidio agravado. Otras aún cumplen condena.
Por ahora, la mayoría oficialista, que controla el poder legislativo, ha descartado cualquier modificación del Código Penal, que entre sus artículos 133 al 139 prohíbe todo tipo de aborto.
