Este lunes se tiene prevista una nueva audiencia en el juicio que se lleva a cabo contra Cristina Fernández, actual vicepresidenta de Argentina, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando fue presidenta en 2007.
Según los medios locales, la Fiscalía argentina tiene previsto pedir una pena de prisión que pudiera ser hasta de 16 años, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
Ante esta situación, Fernández, solicitó este lunes ampliar su declaración indagatoria, luego de que la Fiscalía culmine la fase de alegatos del juicio.
Así lo anunció desde su cuenta en la red social Twitter, donde además anunció los próximos pasos que ejecutará en su defensa.
“Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello…”.
"He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", Escribió Fernández.
Durante la audiencia anterior, la Fiscalía expuso pruebas para afirmar que la vicepresidenta argentina y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, crearon "una de las matrices más extraordinarias de corrupción" durante sus mandatos.
El fiscal Sergio Mola, encargado del caso, quien abrió la novena y última audiencia de alegatos de acusación con un repaso de los detalles de la causa, dijo que ya han declarado más de un centenar de testigos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina considera “irresponsable avanzar en una acusación”, al desestimar los argumentos de la fiscalía sobre la existencia de los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
Las razones del juicio
Fernández está siendo procesada por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública, en un juicio que comenzó en mayo de 2019.
El juicio se encuentra en su fase final y se prevé que haya veredicto antes de que termine 2022.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz.
En la causa también están acusados el propio Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros exfuncionarios.
