“En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos”, estipula la Constitución Nacional de Ecuador
Hay que recordar que el presidente Guillermo Lasso disolvió este miércoles el congreso nacional porque atravesaba un juicio político y lo más seguro era que sería destituido de su cargo.
A la decisión de disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones presidenciales y de parlamento -estipulado en la Constitución de 2008- se conoce en Ecuador como “la muerte cruzada”. El propio artículo advierte que dicha facultad podrá ser ejercida “por una sola vez en los tres primeros años de su mandato” (Lasso lleva dos).
La primera vuelta de estos comicios «se realizarán en un plazo máximo de noventa días posteriores a la convocatoria», según el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y los representantes públicos que en ellos se elijan permanecerán hasta el final de la legislatura en 2025, cuando están programadas las próximas elecciones regulares.
Lasso puede presentarse como candidato en las elecciones anticipadas -arriesgándose a perder el poder antes del término oficial de su mandato en 2025-. De ahí viene la expresión «muerte cruzada», ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional pueden perder sus atribuciones al decretarla.
Otra fecha a tener en cuenta en el cronograma político ecuatoriano próximo es el plazo máximo de 6 meses para que el actual mandatario pueda gobernar por decreto.
“Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos y leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo”, explicó la BBC en una nota reciente.
Decisión sin precedentes
Para mantener el poder, Lasso habría necesitado el apoyo de un tercio de los 137 congresistas de la Asamblea que le hacían el juicio político. Sin embargo, prefirió la otra opción.
La constitución ecuatoriana establece que “la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”.
Ante el juicio político que atravesaba y su casi seguro final adverso para Lasso, el gobernante tomó “la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, según dijo, cuando anunció la noticia en cadena nacional.
El presidente está acusado del delito de peculado (malversación de fondos), por no dar por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo.
De momento, las Fuerzas Armadas se han desplegado ante posibles movilizaciones en puntos clave de Quito, como el Palacio de Carondelet, el Palacio Legislativo y el Ministerio de Defensa, y se ha decretado el cierre de varias vías en la capital.
