La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos del caso González vs. Google, una demanda que apunta a la responsabilidad legal de las empresas tecnológicas por el contenido que promueven sus algoritmos y cuya resolución podría sentar un precedente “y cambiar los cimientos de las leyes de Internet”.
Según The Washington Post, el caso deriva de la muerte de Nohemí González -una estudiante estadounidense de 23 años- víctima de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y atribuidos a miembros del Estado Islámico (que se cobraron la vida de 130 personas).
“Su familia sostiene que Google actuó como una plataforma de reclutamiento al sugerir en YouTube, sitio web de su propiedad, videos y contenido relacionado con el grupo terrorista a través de un algoritmo que identificó a posibles interesados”, explica el rotativo.
La demanda sostiene que el buscador violó las leyes de EEUU contra la instigación al terrorismo. Es decir, la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, aprobada en 1996, antes de la aparición de la mayoría de los gigantes tecnológicos y que protege a las plataformas en línea de la culpabilidad por las publicaciones que las personas comparten.
Este apartado establece que ningún proveedor debe tratarse «como editor o difusor de información facilitada por otro proveedor de contenidos».
Los abogados de la familia de Nohemí argumentan que tal disposición incentiva la promoción de contenido dañino e impide que cualquier víctima sea reparada cuando pueda demostrar que esas recomendaciones le causaron lesiones o incluso la muerte.
Por ahora, Google ha logrado anular con éxito la demanda de los González en tribunales inferiores. Según la abogada de la compañía, Lisa Blatt, la inmunidad que otorga dicho inciso es esencial para que ese tipo de empresas puedan brindar contenido útil y seguro a sus usuarios.
De momento, los jueces de la Corte Suprema están confundidos para decidir en qué momento las empresas de tecnología podrían ser responsables de clasificar y recomendar contenido. Además, por las implicaciones legales derivadas,, las redes sociales y demás plataformas podrían quedar expuestas a una potencial avalancha de demandas.
Antes del 30 de julio debe salir publicada la resolución sobre este caso.
