Las organizaciones Florence Immigrant and Refugee Rights Project y Lawyers for Civil Rights encargadas de la defensa de los derechos migratorios, presentaron ese jueves ante una corte federal una demanda contra el Gobierno estadounidense para pedir transparencia en el proceso de asignación de los permisos migratorios humanitarios.
La demanda fue puesta ante la corte federal de Boston. Las organizaciones afirman que la mayoría de las solicitudes que reciben las autoridades estadounidenses de permisos humanitarios de clientes “más vulnerables” fueron rechazadas o aún no son vistas.
Mirian Albert, abogada de la organización Lawyers for Civil Rights afirmó: «Existen grandes dudas sobre cómo la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decide sobre las solicitudes».
A través de un comunicado publicado por los representantes legales de los colectivos humanitarios, afirman que las agencias gubernamentales de Estados Unidos que tienen como función procesar y analizar todas las solicitudes migratorias, deben presentar documentos internos, así como justificaciones de los criterios bajo los cuales se procesan todas las solicitudes.
En la demanda, las organizaciones explican que estas instituciones tienen criterios para aprobar o denegar las solicitudes, los cuales “son opacos porque existe muy poca información disponible públicamente sobre estos procesos», se lee en la denuncia.
Actualmente, las autoridades de Estados Unidos colocaron aún más restricciones migratorias en la frontera sur del país, haciendo que estos permisos humanitarios sean el único mecanismo que tienen los migrantes para buscar refugio.
Además, la administración de Joe Biden mantiene y extendió el Título 42 una norma sanitaria, firmada por el ex presidente Donald Trump que permite expulsar de forma inmediata a algunos migrantes de diferentes nacionalidades en la frontera sur.
En el caso de los ciudadanos que entren al país y tengan nacionalidad, cubana, nicaragüense, venezolana o haitiana, existe un programa especial que les da la oportunidad de ingresar, recibir un permiso temporal de trabajo y vivir de forma “legal” por dos años.
