Hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina, una acción que, aunque tenga detractores –la mayoría por motivos culturales-, en términos estadísticos (científicos), está demostrado que es inequívocamente un tema que debe tratarse como de salud pública.
La criminalización, la reducción de la disponibilidad de servicios, la estigmatización y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud, son factores que impulsan a millones de mujeres a realizarse abortos inseguros, sin el tratamiento esencial para su recuperación.
La celebración de este día se debe a la lucha de las féminas que se reunieron, en noviembre de 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Argentina.
Aunque para algunxs resulte de perogrullo, hay que subrayar que todos los aspectos relacionados con el acceso a un aborto seguro y legal, son la esencia del derecho fundamental de la mujer a la igualdad, a la privacidad, a la salud física y mental, y son condiciones previas para el disfrute de otros derechos y libertades.
De hecho, se ha demostrado que impedir el acceso a un aborto legal no solamente no contribuye a reducir la cantidad de abortos, sino que además obliga a las mujeres a recurrir a abortos inseguros y, por lo tanto, poner en peligro su salud y su vida, como señalan algunas organizaciones.
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al año se realizan 25 millones de abortos clandestinos –es decir, inseguros–, siendo esta la tercera causa más común de muerte materna del mundo, y la causa de cinco millones de discapacidades, en su mayoría evitables.
No es un dato menor que desde que se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en Ciudad de México, en 2007, se ha registrado una reducción de 80% en los casos de urgencias, y no ha habido ninguna muerte relacionada.
En otros países como Etiopía, Camboya y Nepal, el cambio progresivo ha salvado la vida de innumerables mujeres.
Por el contrario, las investigaciones indican que la prohibición del aborto en Estados Unidos podría aumentar las muertes relacionadas con el embarazo en 21% en general, y en 33% entre las mujeres negras.
Sin embargo, para algunos, como el escritor Agustín Laje, son “órdenes políticas de organismos internacionales” las que permiten el avance del movimiento a favor del aborto en el mundo
Considera que las cifras esgrimidas para exponer la gravedad del asunto, busca crear “falsas urgencias”. Su propuesta es “acompañar a la mujer vulnerable y que el Estado le dé seguridad”.
Aquí y ahora
La Marea verde de Latinoamérica, que ha logrado avances pioneros en materia de salud y derechos reproductivos, se construyó gracias a que la gente salió a la calle, y ya estamos viendo a más personas dispuestas a hablar de la importancia de la atención al aborto.
A pesar de esto, dentro de Latinoamérica y el Caribe, el aborto está prohibido bajo cualquier excepción en Haití, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Mientras que en Guatemala, Venezuela, Perú, Paraguay y Costa Rica, tienen legislaciones más restrictivas y lo permiten cuando la vida o la salud de la embarazada corra peligro.
Para muchos, el pasado debe recordar los peligros de restringir el aborto, mientras que el presente da esperanza y motivación para seguir luchando por el progreso.
