Más de 20 acuerdos en materia de educación, fueron alcanzados por representantes del gobierno panameño y organizaciones sociales que protestaron el mes pasado en el país, para exigir mejoras en el ámbito económico, político y social.
Una de las medidas firmadas en la llamada Mesa Única de Diálogo por Panamá, es un “incremento gradual de la inversión del PIB en la educación, hasta alcanzar el 6% en 2024”, como se informó en el boletín número 16 de las “Negociaciones por la Paz Social” publicado por la Presidencia de la República del país centroamericano.
En el reporte se señala que la asignación del presupuesto “estará dirigida al mejoramiento de la calidad de la educación, incluyendo investigación, ciencia y tecnología, con propuestas de programas de políticas públicas sostenibles”.
Medios locales señalan que esta acción representa un incremento de 1.200 millones de dólares al presupuesto, que -entre otras cosas- serán destinados a la eliminación de unas 1.200 escuelas ranchos que están en el país, y no cumplen con las condiciones mínimas de infraestructura.
La ministra de Educación, Maruja Gorday, dijo que el incremento de inversión también irá dirigido a la educación intercultural bilingüe, el inicio de la construcción de 103 proyectos de infraestructura escolar y la conclusión de 122 que están en ejecución, como reportó el portal de noticias Telesur.
Este avance podría permitir que los estudiantes del país puedan retornar a las aulas “a más tardar” el 3 de agosto, después de que las clases fueran suspendidas las últimas semanas, cuando los gremios docentes se sumaron a un paro por reivindicaciones, juntos a otras organizaciones y miembros de la sociedad civil.
Representantes de la la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), invitaron a sus asociados a reunirse este lunes en asamblea, con el fin de evaluar los avances logrados en el diálogo, e instaron a los demás gremios a mantenerse alerta.
Por su parte la Presidencia de la República reiteró “su voluntad de hacer del entendimiento el instrumento más eficaz para hallar soluciones a los problemas de los panameños”, frente a lo que había sido una de las protestas más grandes vividas en el país en los últimos años.
La protestas en Panamá se iniciaron en el mes de julio, motivadas por el 4,2% de inflación interanual registrado en mayo, una tasa de desempleo en torno al 10%, el incremento del precio del combustible en un 47% desde inicios de año, y escándalos de corrupción que empañaron la gestión del presidente Laurentino Cortizo.
