La presidenta peruana Dina Boluarte declaró el martes en la fiscalía en una investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las protestas antigubernamentales que dejaron más de 60 muertos en tres meses.
La oficina presidencial informó en su cuenta de Twitter que la mandataria se encontraba en el Ministerio Público. Antes de llegar al interrogatorio, su abogado Joseph Campos dijo a la prensa que Boluarte no iba a usar “el silencio como un medio de defensa” sino que iba a responder las preguntas de los investigadores.
Por su parte, el primer ministro Alberto Otárola indicó a la radio local RPP que el interés de la mandataria es “que las cosas se esclarezcan”.
Según fuentes nacionales, Boluarte ha reiterado que las muertes por represión no forman parte de su competencia, entretanto, responsabiliza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo cual constituye una evasión de su titularidad suprema de ambos entes.
La presidenta fue citada en enero, febrero y marzo, pero hasta ahora no había declarado. Otárola fue interrogado en enero y febrero en la misma investigación. También están incluidos en la indagación el exprimer ministro Pedro Angulo y otros exfuncionarios.
Las protestas contra el gobierno de Boluarte dejaron 67 muertos y más de 1.300 heridos, según la Defensoría del Pueblo. Casi todos los fallecidos eran civiles y la mayoría recibió impactos de armas de fuego.
En Perú el genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel.
Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre luego que su antecesor Pedro Castillo intentó disolver el Parlamento -que buscaba su juicio político- y fue destituido. Castillo cumple una prisión preventiva de 18 meses por el presunto delito de rebelión en una cárcel para presidentes en Lima.
Desde entonces comenzaron las protestas en las zonas rurales del sur de los Andes en reclamo de la renuncia de Boluarte y de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones se extendieron hasta llegar a Lima y se apaciguaron a partir de mediados de febrero.
No obstante, el Congreso no ha decidido adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias y cuatro iniciativas para acortar los mandatos de Boluarte y de los legisladores fueron archivadas por no alcanzar los votos necesarios.
Según la más reciente encuesta de mayo de la firma Ipsos Perú, el 75% de los consultados desaprueba a Boluarte y en esta jornada, varias personas llegaron a la sede de la Fiscalía, en el centro histórico de la capital, Lima, con pancartas que rezan: “No más muertos” o “Dina y Otárola asesinos del pueblo”, en señal de protesta.
Con información de AP
