La Corte del distrito de Columbia de Estados Unidos solicitó a la justicia de Argentina la incautación del Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur, que permanece en el aeropuerto internacional de Ezeiza, por investigaciones sobre supuestos vínculos con organizaciones terroristas.
En la orden se alega que “se violaron las leyes de control de exportación”, cuando la empresa israelí Mahan Air (empresa sancionada por el Departamento del Comercio de Estados Unidos) entregó la aeronave a la filial de Conviasa.
En la misiva, firmada por el secretario de Justicia auxiliar Matthew G. Olsen, se detalla que la petición se ajusta a derecho porque el Boeing fue fabricado en los Estados Unidos y la empresas sancionadas no pueden lucrarse de bienes de origen estadounidense, según una sentencia del año 2008.
“Continuaremos tomando medidas de cumplimiento significativas y directas contra las aerolíneas extranjeras que operan aeronaves de origen estadounidense en violación de los controles de exportación de EEUU” dijo por su parte Matthew S. Axelrod, subsecretario de Control de Exportaciones de la Oficina de Comercio del Departamento de Comercio de EEUU, Industria y Seguridad.
Hasta el momento la justicia de Argentina no ha respondido la solicitud estadounidense pero los equipos defensores de la tripulación y la compañía Emtrasur habrían solicitado la liberación de la nave, como se conoció de manera extraoficial en medios locales, argumentando que “carece de interés para la investigación tras los allanamientos e inspecciones realizadas”, como se publicó La Mosca News.
Hechos
Antes de ser retenida por la justicia argentina, la aeronave arribó al país desde México y llegó al aeropuerto Internacional de Ezeiza el 6 de junio, donde permaneció dos días, antes de despegar a Uruguay, donde se le negó el acceso al espacio aéreo por las sanciones que pesan sobre la aerolínea por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Ante la imposibilidad de cargar combustible por la negativa de las petroleras argentinas de venderle por temor a las sanciones, el avión estuvo detenido en el país, hasta que el 11 de junio se ordenó su retención y la prohibición de salida de los tripulantes.
La decisión de la Corte de Columbia se da apenas un día después que a 12 miembros de la tripulación se les permitiera salir del país y se le ratificara la prohibición de salida de otros siete.
Carentes de pruebas
Después de casi dos meses, las pruebas en contra de la tripulación no han sido suficientes para que se retengan por más tiempo los pasaportes de 12 personas, a pesar que la fiscal de la causa, Cecilia Incardona, instó a la justicia a que nadie pudiera salir del país.
A pesar de los esfuerzos de un grupo, el cargamento tampoco pudo ser retenido y se liberaron oficialmente las autopartes que trasladaban en el avión desde México, que al parecer iban dirigidas a una compañía tercerizada de Volkswagen.
Eso y equipos electrónicos personales de la tripulación, fueron encontrados dentro de la aeronave en al menos dos revisiones exhaustivas.
