A solicitud del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el Congreso aprobó el martes una nueva prórroga del régimen de excepción que suspende derechos constitucionales para seguir con su política de mano dura contra las maras o pandillas, a las que acusa de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país centroamericano.

Esta es la 14ta extensión de la media, que se aplica desde fines de marzo de 2022, en medio de preocupaciones y denuncias de organismos de derechos humanos.

El Congreso salvadoreño unicameral aprobó la nueva prórroga con los votos de 67 de los 84 diputados de la cámara. Siete diputados opositores se abstuvieron, seis votaron en contra y cuatro no asistieron. La nueva prórroga estará en vigor del 17 de mayo y finaliza el 15 de junio.

“Tenemos más de un año bajo esta estrategia y hemos podido palpar los resultados, los cuales confirman que vamos por la ruta correcta. Le hemos devuelto a los salvadoreños la esperanza de vivir en paz y desplazarse tranquilamente en el territorio”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la petición.

Más tarde, el presidente Bukele informó en su cuenta de Twitter que un policía murió en un ataque que atribuyó a pandilleros mientras se realizaban patrullajes en el municipio Nueva Concepción, del departamento de Chalatenango, en la zona norte del país, y advirtió que “este cobarde asesinato no quedará impune. Los haremos pagar por lo que hicieron”.

Bukele también aprovechó para fustigar nuevamente a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que han criticado las políticas de seguridad de su gobierno. “Pero ahí no dirán nada las ONG de derechos humanos, ellos sólo velan por los derechos de los criminales”, manifestó.

“Que sepan todas las ONGs de derechos humanos, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás. No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepagos, sus políticos marionetas, ni su famosa comunidad internacional, que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo”, agregó el mandatario.

El impacto en la población

Por su parte, la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, dijo en un video publicado en las redes sociales que el régimen de excepción ha tenido un impacto positivo en la población, pero instó a las autoridades a evitar las detenciones arbitrarias y tomar medidas para revisar la situación jurídica de las personas detenidas sin vinculación a grupos criminales.

Al presentar la solicitud ante el Congreso, el ministro de Justicia y Seguridad, también señaló a los organismos internacionales de estar «enamorados» de los derechos humanos de los criminales.

Las autoridades responsabilizan a las pandillas de la mayoría de crímenes registrados en los últimos años en El Salvador y atribuyen a la política de mano dura del gobierno la mejora en las cifras sobre niveles de violencia delictiva.

“El régimen de excepción debe continuar, nos brinda las herramientas constitucionales y legales que hoy por hoy, con leyes secundarias, no podemos tener”, afirmó Villatoro, acompañado del ministro de la Defensa Nacional, vicealmirante René Francis Merino Monroy, y el director de la Policía Nacional, comisionado Mauricio Arriaza Chicas.

Según cifras oficiales, más de 68.500 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados en este tiempo, de los cuales más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, la mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas. Pero también más de 4.000 personas han sido liberadas porque no se les pudo vincular con esas estructuras criminales.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de las fuerzas de seguridad y en los centros penales en el marco del estado de excepción, el cual suspende varios derechos constitucionales, entre ellos el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.

Además, amplia de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.

Según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar, “si continúan las circunstancias que la motivaron”.

El Socorro Jurídico Humanitario, una ONG, registra hasta el 10 de mayo los nombres de 114 personas detenidas en centros penales que habrían fallecido en diferentes hospitales por supuesto homicidio o falta de atención médica.

Según esa organización, el 92% de los fallecidos no pertenecían a pandillas y fueron víctimas de otros reos, de los custodios, policías y militares. No se conocen informes oficiales de la muerte de esas personas.

La ONG Cristosal también ha reportado 3.333 casos de denuncias y 3.346 personas que señalan se les vulneró sus derechos durante el régimen de excepción.

Fuente: AP.