Los Tribunales de El Salvador aprobaron la extensión preventiva de presidio a 36000 privados de libertad durante el Estado de excepción, que aguardarán su proceso penal en la cárcel.
En solo un fin de semana murieron 87 personas por causa de la violencia, lo que llevó al gobierno del presidente Nayib Bukele a iniciar una fuerte ofensiva contra las pandillas, que hasta el encargado de negocios del gobierno de los EE.UU en El Salvador, Patrick Ventrell, calificó como “fuertes acciones”.
Desde el mes de marzo el gobierno del presidente Bukele emprendió una política de seguridad agresiva para enfrentar a las dos principales agrupaciones criminales del país centroamericano, el MS-13 y el MS-18; desde entonces, ha logrado la detención de 41.000 presuntos miembros de las bandas, pese a que sus cabecillas habrían huido a México.
“Hay disposiciones para garantizar que los terroristas capturados permanezcan encerrados mientras el sistema de justicia resuelve sus procesos” informó en un comunicado la Secretaría de Prensa de El Salvador.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló: "Muchos de los cobardes dan ahora órdenes desde México (…) Solo cuando el último esté entre rejas, nuestro trabajo habrá terminado".
“El Salvador continúa viviendo el periodo más seguro de la posguerra, con índices históricamente bajos en la tasa de homicidios. Las actividades gubernamentales de prevención de la violencia siguen activas en todo el territorio, para romper el ciclo vicioso y seguir transformando al país, respaldados por fondos públicos y con apoyo de la cooperación internacional”, concluyó el comunicado de la Secretaría de Prensa.
El gobierno de Bukele anunció también la construcción de una prisión de máxima seguridad exclusivamente para integrantes de pandillas, que el gobierno califica como “terroristas”.
Luego de la caída de la popularidad de Bukele a raíz de la depreciación del Bitcoin, vuelve a recuperar algunos puntos con esta ofensiva contra las pandillas, que si bien, no resuelve el origen del problema, mitiga los efectos inmediatos del crimen callejero.
No obstante, la medida también es ampliamente criticada dentro y fuera de las fronteras salvadoreñas, algunas organizaciones e individuos aseguran que se han ejecutado detenciones arbitrarias a muchas personas que no pertenecen a organizaciones criminales.
