Con 67 votos a favor y 15 en contra, el Parlamento de El Salvador aprobó alargar el Estado de excepción por cuarta vez, con el fin de profundizar el combate de las bandas delictivas que operan en esa nación, según argumentaron los congresistas.
La solicitud la hizo el Gobierno a la Asamblea Legislativa, institución que realizó el debate el pasado viernes. El Estado de excepción se amplía entonces hasta el 23 de agosto.
"Prolónguese en todo el territorio nacional por el término de treinta días a partir de su publicación en el Diario Oficial y en las mismas condiciones los efectos del decreto legislativo 333 de fecha 27 de marzo del presente año", reza el decreto aprobado y publicado por el diario salvadoreño El Mundo.
El Ejecutivo aseguró que mantendrá el régimen si las condiciones persisten. Para solicitar esta cuarta prórroga, el Gobierno argumentó que los pandilleros y sus líderes “aún en libertad mantienen su amenaza”, reseñó el diario local.
Por otra parte, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, detalló que el Gobierno aún debe capturar a unos 30.000 pandilleros.
De acuerdo con la diputada Rebeca Santos, quien votó a favor de prolongar el Estado de excepción, El Salvador lleva 55 días sin un homicidio. Además, destacó que la población ha comenzado a sentir confianza en la Policía Nacional Civil (PNC) y en la Fuerza Armada.
El asunto de las pandillas en El Salvador es un tema social de larga data y el presidente Nayib Bukele ha emprendido una lucha frontal contra ellas. Algunos países y organizaciones internacionales han calificado el hecho como una violación a los derechos humanos; sin embargo, el Mandatario ha hecho caso omiso a los señalamientos.
Asimismo, el diputado Julio Marroquín, también de Nuevas Ideas, cuyo voto fue a favor de la moción, denunció que el Gobierno de Estados Unidos ha enviado 20.000 pandilleros a El Salvador con el propósito de que se multiplicaran estas organizaciones criminales, acusó. Por eso, afirmó que el Estado de excepción debía prolongarse.
Esta medida, permite al Gobierno no informar a detenidos de la razón de su detención y tenerlos bajo arresto sin audiencia más de 72 horas.
También permite realizar libremente intervenciones telefónicas en el país sin necesidad de solicitar autorizaciones a un juez, también tiene la posibilidad de prohibir reuniones de personas, ya que suspende el derecho a reunión y a asociación.
