El presidente de El Salvador Nayib Bukele, inauguró este martes 31 de enero el Centro de Confinamiento del Terrorismo, un espacio de reclusión carcelaria que tendría capacidad para 40.000 pandilleros.
En cadena nacional y a través de sus redes sociales, Bukele divulgó un vídeo en el que se muestra realizando un recorrido por la prisión junto un grupo de funcionarios.
Fue el 21 de julio pasado que el mandatario afirmó en un mensaje en Twitter que esta cárcel «tendrá espacio para 40.000 terroristas, quienes estarán incomunicados del mundo exterior».
El recinto fue levantado en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, con un total de 166 hectáreas tiene una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas.
Cuenta con lo más avanzado en tecnología en el sistema de vigilancia con circuitos de video y escáner para la revisión de quienes ingresen.
Antes de marzo de 2022, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros encarcelados, pertenecientes a bandas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
El Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo que esta sería «la cárcel más grande de toda América» y que «sería imposible que salga un reo» del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción y estará resguardada por unos 600 soldados y 250 policías.
En el contexto del régimen de excepción, medida denominada por Bukele «guerra» contra las pandillas, se han detenido más de 62.900 supuestos pandilleros y ha dejado más de 7.400 denuncias de atropellos a derechos humanos.
Este régimen suspende el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, además extiende el plazo de detención preventiva hasta los 15 días, cuando normalmente es de 3 días.
62.900 personas han sido detenidas en el marco de la guerra contra las pandillas
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó que en los últimos 10 meses han sido detenidos más de 62.900 presuntos pandilleros en el marco de la «guerra» contra estas bandas lanzada hace 10 meses por el presidente, Nayib Bukele.
Villatoro destacó en una publicación a través de su cuenta Twitter que, hasta los momentos, se han decomisado más de 2.200 armas de fuego, 2.799 vehículos, más de 15.000 celulares y 1,6 millones de dólares en efectivo.
El pasado 11 de enero, el Congreso de ese país aprobó la décima prórroga del estado de excepción que según argumentó Villatoro en ese momento, es para seguir combatiendo a las pandillas que están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado.
“Nuevamente, estamos acá para solicitar la prórroga del régimen de excepción, ya que los resultados han demostrado su efectividad. La población está viviendo más tranquila y se puede movilizar sin miedo”, subrayó el alto funcionario al presentar la petición.
Esta décima prórroga fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados del Congreso unicameral. Seis opositores votaron en contra, 10 se abstuvieron y uno no asistió.
Desde que se implementó esta medida, diversas organizaciones de derechos humanos han criticado las detenciones sin órdenes judiciales, y la vulneración de las garantías básicas contra los detenidos.
Human Rights Watch (HRW) denunció el pasado viernes que debido a ello hay en las cárceles salvadoreñas «condiciones severas de hacinamiento» y muchos menores de edad presos.
El organismo internacional sostiene que decenas de personas han sido procesadas por delitos difusamente definidos, lo que «viola las garantías básicas del debido proceso de los detenidos y socava las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas».
Por su parte, Transparencia Internacional (TI) reveló este martes su índice de Percepción de Corrupción 2022, en el cual el país centroamericano se sitúa en el puesto 116 de 180 naciones evaluadas, con una calificación global de 33, en la cual la máxima calificación 100, es la menor percepción de corrupción.
El documento publicado por el TI, destaca que unos de los aspectos negativos de El Salvador es la concentración de poder, y las medidas con que el Gobierno ha atacado el tema de las pandillas.
