El Congreso de El Salvador aprobó este miércoles una nueva extensión del estado de excepción por 30 días más, lo que implica la suspensión de varias garantías constitucionales como el derecho de reunión, la privacidad de las comunicaciones, además del derecho a la defensa, entre otras.
Desde que la Asamblea Legislativa autorizó a finales de marzo estas medidas, han sido detenidos más de 34,000 supuestos “pandilleros”, sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que la mayoría de estos son personas inocentes.
El decreto aprobado por 67 disputados establece que se prolonga “en todo el territorio nacional por el término de treinta días a partir del día 26 de mayo de 2022, en las mismas condiciones, los efectos del decreto legislativo número 333”.
El gobierno del presidente Nayib Bukele señaló a través de redes sociales que "es necesario prolongar" el régimen de excepción pues aún persiste una "ola de inseguridad".
"Esta guerra va a continuar por el tiempo que sea necesario y, en la medida que la población nos lo siga demandando, nosotros como órgano de Estado vamos a seguir enfrentando este cáncer", dijo a la prensa el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro.
Estas medidas excepcionales fueron implementadas después de que El Salvador alcanzara niveles récords en los índices de violencia y asesinatos.
Como parte de la contraofensiva, Bukele declaró la "guerra a las pandillas" y pidió al Congreso, donde tiene mayoría, declarar un Estado de emergencia para apresar a los miembros de esos grupos.
Analistas salvadoreños sostienen que esta extensión viola la Constitución de ese país, pues señala que la prórroga por 30 días se puede autorizar únicamente si se mantienen las causas que generaron la declaración. Desde varios sectores sostienen que la violencia ha disminuido considerablemente.
Los diputados oficialistas también autorizaron el miércoles otras medidas en materia de seguridad y presupuesto, como destinar a la fiscalía 10 millones de dólares para intervención de telecomunicaciones.
