El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil anunció este lunes que juzgará a los militares y civiles que participaron en los actos golpistas del pasado 8 de enero.
Así lo dio a conocer el máximo juez del STF, Alexandre De Moares, quien resaltó la competencia que tiene el Poder Judicial en procesar «sin distinguir civiles y militares», por lo que instó a la Policía Federal (PF), a iniciar una investigación por «eventuales delitos» cometidos por militares.
De Moraes justificó su falló en el Estatuto Antiterrorista, el cual establece que los «actos que atentan contra el régimen democrático», la justicia «no está asociada a la función militar” ya que esta tiene su propia jurisprudencia.
Mientras tanto, la PF solicitó a la Corte Suprema su autorización para investigar la supuesta participación de efectivos de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales por el supuesto delito de «abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado».
En la misma decisión, De Moraes, prorrogó en 60 días las investigaciones por los actos golpistas y en noventa las que avanzan sobre las “milicias digitales antidemocráticas”, quienes, a través de las redes sociales, incentivaron este movimiento golpista.
Estas investigaciones forman parte del asalto ocurrido el pasado 8 de enero del Congreso Nacional, la sede del SFT o del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, en la cual fueron detenidos casi 2.000 manifestantes.
Actualmente un tercio siguen detenidos mientras las averiguaciones avanzan.
Ese día, cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, irrumpieron violentamente en las sedes de varios organismos del estado, incluyendo, el palacio presidencial e instando una intervención militar para boicotear el nombramiento de Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de Estado.
