Tras varias discusiones, el Congreso de los Diputados español aprobó este jueves las dos leyes impulsadas por el Ministerio de Igualdad, la Ley Trans y la reforma de la Ley del Aborto, en medio de varias disputas en el Gobierno de coalición por la ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ley del “solo sí es sí”.
Estas normativas contaron con 185 votos a favor, 154 votos en contra y tres abstenciones de diputados del Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCat), la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva, y de la interrupción voluntaria del embarazo, sale adelante con la oposición del Partido Popular (PP) y del Partido Vox.
«Es un día histórico», afirmó la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras la aprobación en el Congreso de dos de sus iniciativas.
«Hoy damos un paso de gigante para que haya muchos niños, niñas, niñes trans que se sientan más comprendidos y comprendidas en su colegio y por sus familias, y que esas familias tengan más apoyo», aseguró la ministra durante su intervención.
Montero destacó que, de acuerdo a estas disposiciones aprobadas, en el caso de la Ley Trans, a partir de los 16 años de edad se reconoce la autodeterminación de género registral, lo que evitará a las personas tener que pasar por el trago de las evaluaciones psicológicas previas.
“En el caso de los menores de entre 14 y 16 años, deberán contar con el consentimiento de sus tutores, y en el caso de aquellos entre 12 y 14 años, deberán tener aval judicial”, indica el nuevo instrumento legal
En cuanto a la Ley del Aborto, norma vigente desde el 2010, se aprobó una reforma que garantiza que las menores de entre 16 y 18 años, puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin el consentimiento de sus tutores, además de la eliminación del periodo de reflexión de tres días.
La ministra de Igualdad, alertó que habrá un periodo de tiempo en que habrá resistencias a la hora de aplicar la ley, tal y como ha ocurrido en todas las normas feministas.
No obstante, resaltó que comenzará un plan informativo con las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las administraciones competentes, para garantizar que se practiquen los abortos en todos los hospitales públicos, con el respeto del derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios.
