Por primera vez, los altos mandos de la ex guerrilla de las FARC admitieron su responsabilidad ante las víctimas de más de 21.000 secuestros por los que fueron imputados, durante una audiencia realizada este martes ante un tribunal de paz en Colombia.
La sesión fue como un cara a cara entre ex secuestrados y sus antiguos captores. En la misma, estuvieron presentes familiares de las víctimas.
Rodrigo Londoño, último comandante de la extinta guerrilla, confesó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y habló en nombre de los más de 13.000 combatientes que dejaron las armas.
“Estamos aquí ante ustedes reconociendo que, a nombre de ideas revolucionarias, cometimos estos crímenes de lesa humanidad y de guerra”, dijo Londoño, quien como guerrillero fue conocido como “Timoleón Jiménez” o “Timochenko”.
Durante la audiencia, el excomandante de las FARC aceptó la "responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos" por la organización marxista.
"¿Cómo es posible reivindicar ante la humanidad, como un hecho válido, el cosificar a una persona, de convertirla en mercancía en función de financiar un proyecto que reivindicaba la dignidad humana cuando la estaban pisoteando?", se preguntó el hoy presidente del partido Comunes.
Los excomandantes guerrilleros, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel y Julián Gallo también pidieron perdón durante la audiencia de tres días.
Jaime Parra, conocido como “el médico”, y Rodrigo Granda, “el canciller” de las FARC, podrán reconocer su responsabilidad hasta el jueves, cuando termina la comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Las víctimas tuvieron voz
Las víctimas también intervinieron en la audiencia. El sargento retirado, César Lasso, mostró las cadenas con las que permaneció en la selva durante 13 años. “Se frustró un anhelo, un sueño de ver crecer a los hijos”, señaló con la voz quebrada.
El policía, Olmes Duque, recordó que fue violado durante su retención. “Los días que estuve secuestrado sufrí golpes, sufrí violación”, afirmó.
Óscar Tulio Lizcano, secuestrado en 2000 cuando era un congresista conservador, le exigió a sus "carceleros" esclarecer el paradero de los secuestrados desaparecidos. "Que nos digan la verdad. Hemos perdonado, pero eso no quiere decir que no haya justicia, queremos la verdad", reclamó el ex parlamentario de 75 años, que se fugó de sus captores en 2008.
La ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt, también estuvo presente en la audiencia y encaró al comandante guerrillero Milton Toncel. Al respecto, le exigió no omitir detalles sobre los terceros que habrían participado en su secuestro de seis años cuando hacía campaña a la presidencia en 2002.
Las víctimas tendrán 15 días para hacer sus observaciones y la Junta prevé que en noventa días sus magistrados impondrán las sanciones.
Según el acuerdo alcanzado en La Habana, los excombatientes deben reparar a los afectados y decir la verdad para evitar la cárcel.
La JEP determinó tres formas de secuestros de las FARC
Surgida del acuerdo de paz con la entonces guerrilla en 2016 en La Habana, la JEP imputó en 2021 a la cúpula rebelde por crímenes de lesa humanidad relacionados con los miles de secuestros y otros delitos como tortura cometidos entre 1990 y 2016.
La magistrada Julieta Lemaitre, quien presidió la sesión, dijo que los secuestros "fueron producto de una política adoptada por el secretariado de las FARC-EP" y "cometidos de manera directa por sus subordinados".
La JEP, según Lemaitre, identificó tres modalidades: detención de "civiles que transitaban por zonas" de dominio rebelde, secuestros "para cobrar dinero" a cambio de las liberaciones y también para canjearlos por rebeldes encarcelados.
El primer acto de este tipo que realiza la JEP con los excombatientes ocurre dos días después de la elección presidencial que dio como vencedor al izquierdista y ex guerrillero del M19, Gustavo Petro, que firmó la paz hace treinta años para hacer política y defiende el acuerdo que desarmó a las FARC.
