Luego del anuncio del fiscal Diego Luciani este lunes, que solicitó 12 años de prisión e inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández por supuestos casos de corrupción, la funcionaria utilizó sus redes sociales para reiterar que "nada de lo que se dijo en el juicio fue probado".
En una declaración de dos horas a través de su canal YouTube, la vicepresidenta desde su despacho en el Senado afirmó que la causa Vialidad, por la cual es imputada, es una causa con objetivos políticos para "que nadie se anime a hacer lo mismo" que se hizo durante su gobierno.
Fernández hizo hincapié en que esta condena ya está escrita en su contra y cuestionó la pena pedida por el fiscal Luciani; "por eso pide el fiscal 12 años, son los 12 mejores años que tuvieron los argentinos en décadas". Durante su alocución la vicepresidenta resaltó, “por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo".
Para justificarlo se ha valido de la lectura de tramos de expedientes judiciales y de artículos de medios de comunicación para llegar a una conclusión inesperada, "la que me siento muy boluda soy yo".
"Argentina es un lugar muy particular, acá mueren todas las teorías. Siempre hemos ido un poquito más allá los argentinos. En esta farsa de hoy, que es el lawfare en América Latina, donde ya no hay partidos militares, pero hay partido judicial, el lawfare en Ecuador, Bolivia, Brasil es para estigmatizar a los gobiernos populares. Protegen a los que verdaderamente roban en el país". aseguró Fernández.
La vicepresidenta cuestionó que los fiscales no investiguen los vínculos de empresarios corruptos en la construcción de varias obras públicas durante la administración del expresidente Mauricio Macri.
Por su parte, el fiscal que lleva el caso, Diego Luciani, afirmó en la etapa final de alegatos ante el Tribunal Oral, que esta solicitud de acusación contra Fernández es por los presuntos delitos de asociación ilícita y fraude al Estado durante su gobierno, entre 2007 y 2015.
“Estamos ante la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, subrayó Luciani. La fiscalía estima que este fraude asciende a 1.000 millones de dólares.
Horas antes, la ex mandataria aseguró a través de su cuenta Twitter que "Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedir el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019".
Paralelo al anuncio de la vicepresidenta, el primer mandatario argentino, Alberto Fernández, abogado experto en derecho penal, publicó también en su cuenta Twitter, su rechazo la medida de la fiscalía.
“Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta”.
Mientras tanto, en la residencia de la vicepresidenta en la ciudad de Buenos Aires, se concentraron simpatizantes y opositores en un encuentro en el que se generaron diversos altercados del orden público por lo que tuvo que intervenir la policía con gases lacrimógenos para controlar la situación.
Un vocero del organismo de seguridad confirmó la detención del exdiputado del Frente de Todos, Adrián Grana, acusado de golpear a un oficial.
Tras la petición del fiscal Luciani, funcionarios, dirigentes y sectores de la población han expresado su apoyo a Fernández, rechazaron al unísono la persecución judicial en su contra.
