El Fiscal Supremo de Perú, Heider Terán, pedirá a la justicia una pena de 31 años de prisión para el ex presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de delitos relacionados con corrupción, según informó el diario Perú21.
Ya el Ministerio Público había pedido recientemente prisión preventiva de 36 meses para el ex mandatario mientras sigue con la investigación por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. La situación judicial de Castillo ha sido expuesta en Ginebra-Suiza, ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU.
La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político, entre ellos la obra del Puente Tarata III y el contrato suscrito por Petroperú con la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) para la compra de biodiésel.
Según las declaraciones, el consorcio ganador de la licitación en el Puente Tarata III pagaría 0.5% del monto total de la adjudicación por la “ayuda”. El contrato adjudicado fue de 62 mil dólares.
El otro caso, se refiere a la licitación de Petroperú en la que ganó la compañía nacional Heaven Petroleum Operators (HPO) para el abastecimiento de biodiésel B100 para la provisión de 280 mil barriles del mismo producto por US$ 74 millones, sin embargo sería anulado el 23 de diciembre pasado luego de que Petroperú detectó que no había intervenido un notario público.
Según el portal Perú 21, el dueño de HPO se reunió con Castillo días antes y con el entonces gerente general de la empresa estatal Hugo Chávez Arévalo.
“Por ello, la Fiscalía de Perú estima que por organización criminal se le impongan 18 años y cuatro meses; tráfico de influencias agravado, seis años y ocho meses; y colusión, seis años y cuatro meses”, asegura el diario.
La investigación implica también a los ex ministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, para quienes también se solicitó la prisión preventiva.
En la lista de los buscados para declarar en ese caso, figura Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo, que renunció a su cargo en noviembre de 2021 después de que la Fiscalía descubriera que guardaba US$20.000 en efectivo en un cuarto de baño del palacio presidencial.
El abogado de Castillo, Eduardo Pachas, informó que su defendido quiere declarar presencialmente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano y no por medio de vías electrónicas.
Hay que recordar que Castillo permanece en prisión desde el 7 de diciembre pasado, cuando fue detenido por intentar un autogolpe de Estado.
