La Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. La acusación la señala como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. Este caso, conocido como «Rolexgate«, implica la posesión de varios relojes de lujo que la mandataria no había declarado.
Detalles de la denuncia
Según el comunicado del Ministerio Público en la red social X (antes Twitter), la denuncia fue presentada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. La acusación fue dirigida al Congreso, que deberá evaluar la procedencia del caso.
El proceso comienza con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y podría culminar en el pleno del Congreso, donde se decidirá si se recomienda acusar a Boluarte.
Los Señalamientos de la Fiscalía
Regalos lujosos y actos indebidos
La Fiscalía sostiene que Boluarte habría recibido tres relojes Rolex, un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera de brillantes del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez. Estos regalos supuestamente se dieron con la intención de influir en decisiones propias de su cargo.
Pruebas y argumentos
El documento de 63 páginas detalla que las adquisiciones de estos lujosos artículos coincidieron con visitas del gobernador a Boluarte. Además, se señala que el Ejecutivo emitió decretos que beneficiaron a la región de Ayacucho. Según la tesis fiscal, estos actos muestran que la presidenta actuó con dolo al aceptar estos «donativos», reportó DW.
Contexto Constitucional
Precedentes legales
Esta no es la primera vez que se utiliza una denuncia constitucional contra un presidente en ejercicio. Durante el mandato de Pedro Castillo, se presentó un caso similar, lo que abrió un debate jurídico sobre las limitaciones del artículo 117 de la Constitución. Dicho artículo establece que un presidente en ejercicio solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso de forma irregular.
Inmunidad presidencial en juego
La denuncia contra Boluarte desafía la inmunidad de la que gozan los altos funcionarios del Estado. Será crucial observar cómo el Congreso maneja esta acusación y las implicaciones legales que podrían surgir de este caso.
