El Gobierno británico anunció este lunes que bloqueará la ley escocesa que permite la autodeterminación de género a partir de los 16 años, y que elimina la necesidad de contar con un certificado médico de disforia de género.
El ministro británico para Escocia, Alister Jack, informó que activará este martes el artículo 35 de la Ley de Escocia de 1998, que permite impedir la presentación de la iniciativa legislativa ante el rey para su aprobación, el último paso necesario para que se convierta en ley, "tras una consideración minuciosa y cuidadosa de todos los consejos relevantes y las implicaciones políticas".
A juicio del alto funcionario británico, le preocupa que esta ley tenga un impacto contrario en el funcionamiento de la legislación sobre igualdad en Reino Unido. En un encuentro con los medios, Jack, destacó que las personas transgénero "merecen el respeto, apoyo y comprensión" de las autoridades.
La ley británica establece una edad mínima de 18 años para solicitar un cambio de género, exige un diagnóstico médico de disforia y evidencias de que el solicitante ha vivido al menos dos años con su nuevo género.
La nueva propuesta, impulsada por el Partido Nacional Escocés (SNP), reduce en cambio esa edad a los 16 y elimina la necesidad de presentar un informe médico y otras pruebas.
Al conocerse el anuncio, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, indicó que esta medida de Londres es un “golpe de estado” contra el Parlamento escocés, elegido democráticamente y su capacidad de tomar sus propias decisiones sobre asuntos delegados.
En una publicación en su cuenta Twitter, Sturgeon aseveró que "el Gobierno de Escocia defenderá la legislación y luchará por el Parlamento escocés. Si este veto de Westminster tiene éxito, será el primero de muchos".
El ministro británico para Escocia insiste que desde que se presentó el proyecto de ley de reconocimiento de género, se entablaron diversas conversaciones para la protección a la igualdad en el conjunto de Gran Bretaña y otros asuntos reservados.
El proyecto de ley de autodeterminación de género en Escocia, aprobado en diciembre del año pasado por el Parlamento local, se ha convertido en un foco de tensión política entre Londres y Edimburgo.
