El Gobierno de México, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a un grupo de empresarios del sector alimenticio alcanzaron un convenio antiinflacionario, el cual pretende reducir un 8% el costo de 24 productos de la canasta básica.
En la conferencia de este lunes en Palacio Nacional, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Jiménez de la O, comentó que el gobierno mexicano ha tratado de mantener los precios de los combustibles por debajo de la inflación, sin embargo, la inflación en productos alimenticios ha sido de 4.2%.
Además, explicó que el gobierno brindará a las empresas que forman parte del Plan Inflacionario, una licencia universal que exime de todo trámite o permiso incluyendo los del SENASICA, COFEPRIS y el impuesto general de importación.
Con esto, el gobierno suspenderá los aranceles y requisitos para el ingreso y circulación de alimentos e insumos importados. Entre las firmantes hay compañías como Sigma, Walmart, Soriana, Chedraui, Maseca y Tuny.
"Con la colaboración muy entusiasta y fraterna de empresarios, de industriales, distribuidores de alimentos, comerciantes, se ha logrado un acuerdo para que la iniciativa privada y el Gobierno llegaran a un compromiso para enfrentar el problema inflacionario", dijo AMLO en la conferencia.
Producción, precios regulados y menos papeleo
El ‘’acuerdo de apertura contra la inflación y carestía’’, tiene como objetivo contener el costo de los productos agropecuarios y materias primas como lo son la harina de maíz, huevo, pollo, carne y atún.
La idea principal es producir más alimentos, así como también reducir costos regulatorios y logísticos a los productores, esto con la emisión de una licencia que evita la tramitación de permisos adicionales y la exención de tributos para la importación de rubros o insumos.
El Gobierno mexicano agregó que la cesta de 24 productos básicos tendrá un costo para el consumidor de 1.039 pesos mexicanos, aproximadamente 51 dólares americanos.
Además, se mantendrán los controles a los precios de los combustibles hasta el 24 de febrero de 2024, y se aplicará un rango de sanciones a quienes incumplan lo acordado.
