El Gobierno de Uruguay decretó este miércoles el fin de la emergencia hídrica en la capital y sus alrededores, que había sido declarada hace dos meses para asegurar el suministro de agua potable en medio de una prolongada sequía.
La medida fue tomada y anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou quien quien aseguró que tomó la decisión ante la recuperación de parte del caudal de los cursos de agua y los embalses que abastecen el área metropolitana de Montevideo, en el lugar residen unos 1,8 millones de habitantes, más de la mitad de la población del país.
«Hoy podemos ver con cierta tranquilidad la calidad del agua, que es muy buena, y ver los días que tenemos por delante con un muy buen abastecimiento de agua», dijo.
Dificultades
La situación se agravó en los últimos meses, por ser el peor déficit hídrico desde el comienzo de los registros (hace 74 años) que puso en jaque el bombeo de agua potable a Montevideo y localidades de los vecinos departamentos de Canelones y San José.
De inmediato se tomaron las medidas y ante la falta de lluvias, la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) resolvió a fines de abril de 2023 mezclar la escasa agua dulce con flujos del Río de la Plata, salobres por provenir del estuario.
Según los datos oficiales, el embalse de Paso Severino (el principal reservorio de agua dulce para la zona) llegó el 5 de julio a su mínimo histórico, con apenas 1,1 millones de metros cúbicos de un total de 67 millones de capacidad.
Y hubo días, en los últimos meses, en que los valores de sodio y cloruro superaron incluso los máximos autorizados excepcionalmente, de 440mg/l y 720mg/l, respectivamente.
También, eran más altos los niveles de trihalometanos, compuestos químicos que se forman cuando el agua se desinfecta con cloro y que pueden ser dañinos si se consumen durante décadas.
El Gobierno afirmó que el agua del grifo era segura, pero recomendó a las embarazadas y a las personas enfermas que no la bebieran.
Según el último balance oficial, al 22 de agosto, Paso Severino contaba con más del 50% de su capacidad y los valores de sodio y de cloruro estaban muy por debajo de los niveles permitidos.
El decreto del 19 de junio que declaró la emergencia hídrica posibilitó financiar dos litros de agua mineral por día a más de 500.000 personas consideradas vulnerables, así como exonerar de impuestos al agua embotellada que (según cifras oficiales) alcanzó una rebaja del 25% en su precio de venta al público.
Además, facilitó la construcción de una nueva presa y tuberías para el trasvase de agua de un río a otro, obras que se pusieron en marcha el 10 de agosto.
Lacalle Pou estimó un gasto de «cerca de 70 millones de dólares» para paliar la crisis y anunció la pronta puesta en marcha del Proyecto Arazatí.
