El Gobierno de Ecuador criticó las reformas aprobadas por la oposición en la Asamblea Nacional a la Ley de Comunicación y anunció que el presidente, Guillermo Lasso, “evaluará las acciones pertinentes para precautelar la democracia”.
La presidencia afirmó en un comunicado que “la Asamblea Nacional intenta nuevamente restringir la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución”
Cabe destacar que las reformas aprobadas en el pleno de la Asamblea pasarán a manos de Lasso, que tiene un plazo de 30 días para promulgarlas o imponerles un veto (con observaciones y un texto alternativo que regresaría al Parlamento para su revisión y evaluación).
No es un dato menor que la reforma -a la Ley de 2013- fue aprobada después que el pleno rechazó la propuesta de una nueva ley.
Entonces, se acordó reformar la actual ley bajo la iniciativa que hizo un grupo de asambleístas de la bancada Unión por la Esperanza (Unes), afín al ex presidente Rafael Correa.
Las reformas aprobadas se enfocan en la responsabilidad de los medios de comunicación en cuanto a los contenidos difundidos (expresamente por el medio o atribuidos a otros).
Según los diputados que impulsaron la reforma, “el objeto de esta ley comprenderá la desconcentración de frecuencias, la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de los medios de comunicación”.
Analistas consideran que el agregado importante consiste en permitir que las personas cuyos derechos se vean afectados por los medios de comunicación social cuenten con mecanismos de defensa expeditos.
La asambleísta Marcela Holguín (Unes), aclaró que la reforma no regula la opinión, ni permite sanciones penales. Agregó que en su creación trabajaron muchos sectores de la comunicación, especialmente la comunitaria.
Tal y como ha sucedido en otros países de la región, sectores de la derecha la califican de “Ley mordaza”.
