El Congreso de Guatemala ratificó la decisión del Gobierno de declarar Estado de Calamidad Pública y lo extendió a todo el país para atender la emergencia causada por las lluvias.
Inicialmente, la medida gubernamental regiría para ocho departamentos (provincias) pero, vistos los estragos causados por las precipitaciones, el Parlamento decidió su implementación en toda la nación centroamericana.
El Congreso aprobó la disposición legal con 111 votos a favor, en su sesión extraordinaria efectuada este miércoles 22 de junio.
El Estado de Calamidad Pública, establecido en la Ley de Orden Público de 1965, le permitirá a la administración del presidente Alejandro Giammatei, atender con mayor prontitud la emergencia causada por la reciente temporada de lluvias en todo el país. Además, obliga a las autoridades a mantener la seguridad, el orden público y la estabilidad de las instituciones del Estado.
Al respecto, Kevin López, vocero de la Presidencia, señaló que el Ejecutivo busca salvaguardar la vida e integridad de la población en las zonas afectadas.
López indicó que el Gobierno adoptó la medida con base en los análisis de riesgos de organismos estatales de seguridad y protección civil, y agregó que el Ejecutivo se comprometió a manejar con transparencia los gastos concernientes a la emergencia.
Como era previsible, en el Parlamento hubo opiniones encontradas por la declaratoria del Estado de Calamidad Pública.
“Los estados de Calamidad en los últimos años han servido para que las mafias del poder saqueen la riqueza de los impuestos que los sectores empobrecidos pagan”, expresó la diputada opositora de MLP, Vicenta Jerónimo.
Por su parte, Vivian Preciado, diputada por UCN, se mostró a favor de la medida y señaló que “si queremos ayudar a las comunidades, éste es el mecanismo. Si algunos están en contra, que utilicen los mecanismos legales que les da la Ley para fiscalizar”.
Las lluvias de las últimas horas han causado estragos en varias localidades y han golpeado fuertemente la estructura vial del país. Según datos oficiales, han dejado 23 fallecidos, tres desaparecidos y 672 ciudadanos en albergues.
En todo el país, se contabilizan 1.182.024 personas afectadas, 2.089 damnificadas, casi cinco mil evacuadas y 1.821 en riesgo.
Las cifras gubernamentales registran 1.553 viviendas con daños moderados y 190 con daños severos; en tanto 145 carreteras están afectadas y cuatro destruidas.
