Al entrar en funcionamiento, la represa de Hidroituago en Colombia promete suplir el 17% de la demanda de energía del país suramericano. Un gran triunfo que debería celebrarse con bombos y platillos, si la polémica e incertidumbre no rodeara la construcción concebida en la década de los 70, y ejecutada 50 años después.
Los problemas han ido y venido, y las partes parecen divididas en el Gobierno Nacional que pide un extremo de prudencia, los habitantes de la zona, y las Empresas Públicas de Medellín (EPM), cuyos representantes hasta se han ofrecido de voluntarios para pararse en el medio de los pueblos, que la contraparte asegura podría estar en peligro.
Desplazamiento y miseria
La represa de Antioquia comenzó a construirse en el año 2010, y desde ese momento empezaron los problemas. Para poder redirigir el cauce del río en beneficio de la generación de energía, miles de personas debieron moverse de su lugar de residencia, motivando el desplazamiento, muchas veces de manera violenta.
El 28 de abril de 2018, la represa en construcción más grande del país, se desbordó debido a errores de planeación del grupo encargado del proyecto, y 500 habitantes de la zona debieron abandonar sus hogares, para vivir en refugios, muchas veces desatendidos por los gobiernos locales y nacionales. Se trataba de residentes de las poblaciones de Ituango y Sabanalarga.
Y las consecuencias no quedaron allí “otros cientos de habitantes dependientes de la pesca, el barequeo y la caza perdieron su fuente de trabajo y medio de subsistencia, ya que el río inundó gran parte del bosque que cubría el cañón del río Cauca” como reportó en esa oportunidad la organización ambientalista Redes.
Además, 4.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares en el municipio Ituango, desde que comenzó la construcción, debido a intervención de grupos armados que supuestamente llegaron por la obra, y “las inadecuadas intervenciones del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango” como resaltó un informe.
Los daños ecológicos no han sido menores. Redes explicó que “Los proyectos hidroeléctricos tienen prohibido inundar importantes zonas de vegetación ya que esto provoca la muerte de especies y la asfixia del río; tienen la obligación de retirar la capa vegetal antes de llenar un embalse, una precaución que EPM se negó a tomar. Aguas abajo, la población sufrió una avalancha y huyeron 9.000 personas” comentaron.
Además, un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, señaló que casi 2.100 personas “fueron víctimas de desaparición forzada en el área de influencia de la central hidroeléctrica” como señaló un artículo del medio RT.
A esto se debe sumar, señala el medio ruso, la muerte de al menos 30 líderes sociales que se oponían a Hidroituango, y que fueron asesinados hasta el año 2020, como resaltó la organización de derechos humanos Front Line Defenders.
Un plazo difícil
Antes del 30 de noviembre la represa debe estar andando, pero el tiempo corre y las probabilidades de que sea posible se desvanecen.
La fecha tope es inamovible, y para entonces deberían estar funcionando las turbinas 1 y 2, como el inicio de la producción de 2.400 MW. De no cumplirse, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) podría sancionar a la empresa y responsables de la construcción, con una jugosa multa de hasta 130 mil millones de dólares.
El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pidió la intermediación del presidente Gustavo Petro para extender la fecha. Dice que los tiempos no dan, “uno de los chequeos, que involucra a las turbinas y que comenzó el sábado, requiere un plazo de 36 días para su ejecución, por lo que se da por sentado que el 30 de noviembre será imposible la entrada de operaciones” escribió RT.
El mandatario y el tren ejecutivo no han dado respuesta sobre eso, pero sí han insistido en ordenar la evacuación de la zona cercana para las pruebas previas, lo que requiere de un esfuerzo mucho mayor, y diluye aún más la posibilidad de recortar los tiempos.
“La instrucción que estamos dando desde la Unidad es que se realice una evacuación preventiva, no porque haya un riesgo inminente o porque haya un desastre, sino porque necesitamos tener la mayor tranquilidad y seguridad. Hasta que no se realice esa evacuación no se deben iniciar esas actividades que pueden generar un nivel de riesgo” enfatizó el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Javier Pava Sánchez.
Y no es una recomendación. La exigencia quedó sellada en la resolución 1056 del 4 de noviembre de 2022, que está en redacción y que será publicada próximamente.
Tanto el gobernador, como el gerente de EPM, Jorge Andrés Carillo insisten en que nada pasará, que todo está previsto, y que el riesgo es nulo: “Nosotros no tenemos ningún tipo de temor. Incluso el día que eso prenda me les paro acá si quieren. El proyecto está controlado, es estable y solo va a entrar en operación cuando sea seguro y confiable”, insistió Carrillo.
Petro se inclina por lo que ya es norma y cree firmemente que se debe evacuar a las poblaciones cercanas, asegurando que antes que nada hay que resguardar la vida de las personas, incluso con un riesgo mínimo.
Sin embargo parece que no todo está perdido. Este lunes, la ministra de Energía y Minas, Irene Vélez, dijo que el gobierno continúa revisando, y que necesitan ver todos los análisis de riesgo, para que el Servicio Geológico Colombiano inspeccione visualmente y entienda el problema de manera detallada.
Aunque no se sabe si habrá multa, o si de verdad la presa va a arrancar el 30 de noviembre después de 50 años de ser concebida, lo que sí parece un hecho es que la evacuación va, la lucha de los grupos ecológicos sigue, y el futuro es incierto.
