La organización Human Rights Watch denunció este martes 9 de agosto que las nuevas políticas del gobierno del presidente de Brasil Jair Bolsonaro fomentaron las actividades y acciones ilegales en las comunidades indígenas del país, amenazando seriamente los derechos de las poblaciones.
La ONG señaló que bajó la administración de Bolsonaro se suspendieron todas las demarcaciones en los territorios indígenas, debilitando los órganos que los resguardaban, dejando aún más vulnerables a esos pueblos.
La directora de HRW en Brasil, María Laura Canineu, citó en un comunicado: "El Gobierno brasileño transformó la agencia encargada de promover y proteger los derechos indígenas en una agencia que pone en riesgo esos derechos".
De acuerdo a Canineu, las leyes impuestas por el presidente desde que llegó al poder hace casi cuatro años, alentaron a los que hacen actividades ilícitas como la minería ilegal, la cacería furtiva y el comercio de madera, a invadir las tierras indígenas con impunidad, lo que trae como consecuencia daños irreparables al medio ambiente y a los pueblos originarios.
La ONG hizo un llamado a las personas a que recordaran cuando durante su campaña electoral en 2018, el entonces candidato de derecha ya criticaba a todas las entidades que velaban por los pueblos indígenas y que una vez que llegó al poder, cumplió con su promesa que hizo cuando dijo que les “daría una paliza”.
Además, recordó los despidos masivos en la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), los obstáculos burocráticos que se ven en esa y otras instituciones que están relacionadas de forma directa o indirecta a los pueblos originarios.
De acuerdo a Human Right Watch, el número de trabajadores especializados en cuidar de los indígenas y del medio ambiente, está considerablemente reducido debido a la actual administración y que se comenzaron a nombrar unos “suplentes” que pueden ser policías activos o militares de reserva que solo sirven para crear un clima de miedo e intimidación.
Todo esto se suma a una ley propuesta por Bolsonaro que propone evitar que muchos pueblos reclamen sus tierras tradicionales ya que ellos deben probar que estuvieron presentes el 5 de octubre de 1988 que es el día en el que se promulgó la Constitución brasileña. Este proyecto está pendiente para ser juzgado en la Corte Suprema de Justicia.
