El Tribunal Revolucionario de Irán sentenció a la horca a un acusado de participar en las protestas antigubernamentales, por la muerte de Mahsa Amini, mujer fallecida a manos de la policía, después de ser detenida por no llevar correctamente el velo islámico.
Por este motivo, las manifestaciones no han cesado en el país de Medio Oriente, con multitudinarias concentraciones que reclaman una investigación justa y más libertades en la población.
Con esta decisión, el Gobierno iraní envía un claro mensaje de que actuará con todo el peso de la ley contra la disidencia, que mantiene una crisis social y política sin precedentes en la nación persa.
A pesar de que esta sentencia puede apelarse, no se tiene mayor información sobre el condenado, sólo que está acusado por presuntamente participar en el incendio de un edificio gubernamental.
Paralelamente, otro juzgado de Teherán condenó entre cinco a diez años a otros cinco acusados, por "reunión y conspiración para cometer delitos contra la seguridad nacional y alteración del orden público", delitos que podrían terminar en la horca.
La justicia iraní ha procesado a alrededor de 800 personas por su participación en las manifestaciones públicas en las provincias de Hormozgan, Isfahan y Markazi, sin embargo, la cifra podría superar las 2.000 personas, la mitad de ellas de Teherán.
Iran Human Rights, una organización con sede en Oslo, destaca que un grupo numeroso de estos manifestantes están acusados con causas marcadas como "corromper en la Tierra" o "hacer la guerra contra Dios".
De seguir la investigación, podrían ser condenados a muerte.
"La comunidad internacional debe advertir con firmeza a la República de Irán de las consecuencias de ejecutar a manifestantes. Llamar a sus embajadores e implementar medidas de derechos humanos más efectivas contra funcionarios son algunas consecuencias a considerar", resaltó la organización a través de un comunicado.
Según medios extranjeros acreditados en el país, se prevé que esta semana se anuncie la ejecución del rapero kurdo Saman Yasin, quien afronta la horca por haber criticado públicamente al régimen y a su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.
Mientras tanto, 227 de los 290 integrantes de la Asamblea Consultiva Islámica, solicitaron en una sesión aplicar todo el peso de la ley contra los "moharebs" (enemigos de Dios).
Estadísticas de organizaciones de derechos humanos afirman que los cuerpos de seguridad iraníes, han reprimido violentamente las manifestaciones públicas con un saldo mortal de 326 personas, incluidas 43 menores.
Por su parte, las autoridades locales afirman que más de 40 miembros de las fuerzas de seguridad, también han muerto en los disturbios en todo el país.
