El Tribunal Constitucional de Bolivia abrió un nuevo camino para reiniciar el juicio contra la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, al rechazar un recurso presentado por la defensa de esta exfuncionaria quien cumple detención preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores de La Paz.
El ministro de Justicia, Iván Lima, como accionante en nombre del Gobierno actual contra Áñez, explicó que “ha sido rechazada por la comisión de admisión” del juzgado la “acción concreta de inconstitucionalidad” presentada por los abogados de la detenida por el caso “golpe de Estado II”.
En este caso, Áñez es acusada por el poder Ejecutivo boliviano de cometer delitos al tomar resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes cuando asumió la jefatura del gobierno boliviano, tras el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales en el año 2019.
Con esta decisión, el Constitucional “ha eliminado el último obstáculo legal que existía para que continúe el juicio, se pronuncien los alegatos y se dicte la sentencia correspondiente”, indicó el ministro Lima
Dijo que ahora “el tribunal que está haciendo el juicio en La Paz puede reinstalarlo y esperamos y exhortamos a las autoridades judiciales que, en el marco de un debido proceso, puedan continuar con esta causa que es parte de la demanda del pueblo boliviano por memoria, verdad y justicia”.
Áñez está acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso “golpe de Estado I”, por los que se ordenó cuatro meses de encarcelamiento preventivo que luego se ampliaron a seis. Luego se abrió el proceso “golpe de Estado II”, incorporando otras figuras penales que extendieron su detención.
El Gobierno del actual presidente Luis Arce acusa a Áñez de haber asumido ilegalmente la Presidencia del país en noviembre de 2019, tras la obligada renuncia por coacción y amenazas de muerte contra el entonces presidente Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
Aunque junto a Áñez hay ocho acusados, Gloria Quisbeth, en nombre de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata en Bolivia, rechaza el estancamiento del juicio contra la ex mandataria y denunció que “hasta el momento ella no está siendo juzgada por las muertes durante su gobierno”.
Manifestó “pena” en relación con los familiares de cerca de 36 víctimas fatales de armas de fuego en Sacaba, Cochabamba, Senkata, departamento de La Paz y Yacapaní en Santa Cruz, porque “no hay juicio de responsabilidades, no hay sospechosos, ni detenidos, ni se identificaron a los responsables de las muertes”.
Áñez responde ante la ley por 15 transgresiones a la ley y a la Constitución antes de proclamarse como jefa de Estado en noviembre de 2019; junto a los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, además de jefes policiales y militares, enfrenta delitos de sedición, conspiración y terrorismo en la causa llamada Golpe de Estado I.
