El Poder Judicial de Perú ordenó, a petición de la Fiscalía, prorrogar ocho meses la investigación que se le sigue al expresidente Pedro Castillo por haber dado un «autogolpe de Estado fallido» el pasado 7 de diciembre de 2022.
Juan Carlos Checkley, el Juez supremo, declaró fundado el requerimiento de la fiscalía y extendió la investigación contra Castillo hasta el 11 de abril del siguiente año.
La complejidad de la investigación, la modalidad de comisión de los delitos imputados y la cantidad de actos de investigación pendientes de realizar, fueron algunos de los argumentos que esgrimió la fiscalía.
El pasado 2 de agosto el Ministerio Publico solicitó la ampliación del tiempo ya que no han podido recabar las declaraciones de los testigos que no asistieron a la citación.
La defensa del ex mandatario sostiene que la detención de Castillo fue «ilegal», afirmó Guido Croxatto, abogado defensor.
«El problema es el poco rigor con el que se está manejando el Poder Judicial en Perú, y eso deja desarmado, no solo al presidente, sino a los ciudadanos», dijo Croxatto.
De hecho, el abogado de Castillo sostiene que ya han presentado «todas las arbitrariedades y cúmulo de violaciones al debido proceso de destitución del presidente en las instancias internacionales».
El expresidente Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva, acusado por el delito de rebelión, y también cumple 36 meses por investigaciones sobre la presunta comisión de delitos de corrupción, tráfico de influencias, entre otros delitos.
Con esta medida dispuesta por el Poder Judicial se busca que el Ministerio Público obtenga las pruebas de cargo y de descargo para el esclarecimiento de los hechos.
