El poder Judicial de Perú admitió este lunes la solicitud de hábeas corpus presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo, con esta medida se prevé anular la prisión preventiva por 18 meses que se le dictó en el marco de la investigación por la disolución del Congreso de Perú, y decretar un Gobierno de excepción el pasado 7 de diciembre.
Según medios peruanos, el juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, aceptó estudiar el recurso introducido por el equipo legal del ex jefe de Estado, que busca anular la resolución del Congreso con la que se le levantó la prerrogativa de antejuicio político, sin llevarse a cabo el procedimiento de acusación constitucional.
La resolución del Congreso peruano contra Castillo permitió que fuera destituido por el cuerpo legislativo, sin haber sido juzgado ni haberse defendido ante la acusación de presunta "incapacidad moral".
El exmandatario alega que los parlamentarios “no pueden dejar sin efecto el derecho a antejuicio político por encontrarse en flagrancia delictiva” y recordó que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí se procesa por este mismo caso a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.
Otro requerimiento de Pedro Castillo es dejar sin efecto la resolución del juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que le impuso 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, al este de Lima.
Bajo este argumento, Castillo busca que se declare nulo todo el proceso penal “hasta la fase de investigación preparatoria” y se ordene su libertad de manera inmediata.
La defensa del exjefe de Estado solicitó al poder Judicial que se investigue penalmente contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el director de Seguridad del Estado de la PNP, el general PNP Iván Lizzetti Salazar, y los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la supuesta detención arbitraria tras el último mensaje a la Nación.
