Como “crimen de estado” fue calificada la desaparición de 43 estudiantes al Sur de México, oriundos de la localidad de Ayotzinapa, según informó este jueves Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México, quien resaltó además que no hay evidencia que señale que alguno siga con vida.
La información surgió de un informe elaborado por la “Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa”, que se creó para dar con el paradero de estos jóvenes, cuyo rastro se perdió 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Los resultados de esta investigación contradicen lo anunciado anteriormente por el gobierno del expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, versión conocida como la “verdad histórica”, que relataba que los muchachos fueron entregados al crimen organizado, cuyos miembros los asesinaron, e incineraron en un basurero de un municipio Cocula, y tiraron las cenizas a un río cercano.
Dijo Encinas que no solo fue una versión incorrecta, sino que se descubrió que se trató de un crimen organizado “desde el más alto nivel del gobierno”, que “alteró las escenas del crimen y ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes” como se pudo ver en una nota publicada por la agencia AP.
El funcionario calificó de responsable al Ejército, al menos, “por acción, omisión o negligencia”, ya que había un militar infiltrado, con el que el gobierno seguía a los dirigentes estudiantiles desaparecidos, que robaron autobuses para acudir a protestas en Ciudad de México en contra de la desaparición de algunos dirigentes de izquierda.
El caso parece además ser una suma de situaciones desafortunadas, ya que uno de los autobuses “secuestrados” por los estudiantes el día de su desaparición, tenía parte del botín de heroína que se traficaba entre Chicago e Iguala, sin que las víctimas lo supieran, como se conoció en comunicaciones posteriores entre miembros de la delincuencia organizada.
Gracias a estas nuevas investigaciones se exoneró de culpa a 33 personas no identificadas, entre ellas algunos funcionarios federales, como informó el subsecretario, quien además dijo que 26 personas claves en la investigación, han muerto o fueron ejecutadas, otra traba más para desenredar un caso impactante, complejo y con demasiadas aristas.
A pesar de todos los datos, el hermetismo rodea al caso y siguen habiendo preguntas. En 2020 el gobierno anunció órdenes de captura en contra de civiles, militares y policías federales, pero no se sabe quienes son, ni cuántos han sido capturados hasta el momento.
Lo que sí se supo es que el informe del jueves, puso gran parte de la responsabilidad sobre el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, principal “creador” de la teoría de la “verdad histórica”, quien se encuentra “escondido” en Israel, negándose a hacer tratos con el gobierno mexicano para colaborar en el caso.
Este documento elaborado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, fue presentado primero a los familiares de los jóvenes, como una acción de respeto, debido a que en el mismo se informa las escasísimas posibilidades de que alguno de los estudiantes siga con vida.
