La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida por completo la reforma electoral del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, también conocida como «plan B», alegando que de genera incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Con nueve votos a favor y dos en contra, el Supremo dejó sin validez la segunda y última parte de la reforma impulsada por el mandatario mexicano, al considerar que existieron violaciones al proceso legislativo en el Congreso, dominado por el partido de López Obrador y sus aliados.
Nueve ministros de la Corte Suprema acompañaron el proyecto de Javier Laynez, quien insistió al Pleno que se cometieron una serie de violaciones al proceso legislativo que ameritan la invalidez del decreto. Fundamentalmente rechazaron que, en cuestión de horas, se aprobaron modificaciones a cientos de normas que los legisladores no tuvieron tiempo de conocer.
El ministro Juan Luis González Alcántara señaló que con esta reforma se vulneró el principio de democracia deliberativa y en este caso se registraron más vicios de gravedad que en la primera parte del «plan B», analizada el pasado ocho de mayo, ya que se suma que el dictamen violó el sistema bicameral de aprobación de leyes.
Al igual que en la discusión de mayo, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, cercanas a López Obrador, votaron en contra de invalidar la legislación.
«Invasión al poder legislativo»
Previo a la votación López Obrador había acusado al tribunal supremo de cometer «una invasión y una intromisión al poder legislativo». El presidente recriminó al Supremo mexicano haberse convertido en el «poder conservador en defensa de la minoría conservadora».
También cuestionó que el argumento de los ministros de la Corte es que la ley no se discutió en el Congreso o no se discutió lo suficiente. «Sí se discutió, y además el bloque conservador en el Congreso no quiso ni siquiera participar en nada. Pues por eso van a anular la ley electoral», señaló el mandatario de izquierda.
Con un argumento similar al de este jueves, la Corte había invalidado la primera parte del «plan B» en mayo porque la mayoría en el Congreso, supuestamente violó el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.
La primera parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudieran pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo prohibido por la veda electoral.
La reforma electoral proponía recortar 3.500 millones de pesos (casi 206 millones de dólares) del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo autónomo que organiza las elecciones.
También eliminaba el 85% del servicio profesional electoral, y permitía al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, por lo que la oposición y organizaciones civiles han acusado al gobierno de generar incertidumbre rumbo a los comicios presidenciales de 2024.
Disconforme con la Corte Suprema, López Obrador consideró «importantísimo» que el pueblo elija por voto directo a los integrantes del poder judicial «como se elige al presidente, como se elige a los diputados, como se elige a los legisladores, que los elige el pueblo, que no representen a una élite».
Por eso, el presidente que no irá por la reelección en 2024 reiteró que, en su momento, presentará una iniciativa constitucional para la elección popular de los ministros del Supremo.
Fuente: Página 12
