Por unanimidad, los legisladores del estado de Puebla, al centro de México, aprobaron las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del estado, para tipificar como tentativa de feminicidio los ataques con ácido, químicos y corrosivos.
Un dato muy simbólico es que la iniciativa fue promovida por la activista María Elena Ríos, quien fue atacada con una sustancia tóxica en septiembre de 2019 por un sicario enviado por su ex pareja -el político Juan Vera Carrizal-. Por eso, a la iniciativa se le conoce como ‘Ley Malena’.
La prensa local informa que los cambios establecen una pena de 20 a 40 años de prisión para quien inflija lesiones internas, externas o ambas a una mujer con sustancias cáustica, inflamables, irritantes o similares. Además, se obliga a los atacantes a pagar una multa de hasta 4.000 dólares.
De acuerdo con datos presentados por la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, en los últimos 10 años se registraron 797 casos de agresiones con ácido en México, de los cuales 47 ocurrieron en 2022 y se recibieron 222 amenazas.
Cabe destacar que la violencia ejercida a través de agentes químicos encierra una gran carga simbólica, debido a que la intención del agresor es ocasionar un daño permanente a través de las quemaduras que esas sustancias de libre acceso pueden ocasionar a la víctima.
Además, dichas lesiones requieren de atención médica especializada -costosa y dolorosa- y procedimientos reconstructivos que, en algunos casos, involucran pérdida de la visión, de alguna extremidad y en ocasiones ponen en riesgo su vida.
Como consecuencia, las víctimas pueden sufrir, a largo plazo, discriminación laboral, social e incluso familiar, ocasionando no solamente daños físicos permanentes, si no también psicológicos.
