México prohíbe terapia de conversión, considerada tortura a la comunidad Lgbtq+

El Senado de México aprobó reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud, para prohibir y sancionar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig), comúnmente conocidos como terapias de conversión.

Este paso histórico responde a la necesidad de proteger los derechos humanos de la comunidad Lgbtq+, considerando que estas prácticas han sido catalogadas por organismos internacionales como actos de tortura.

Voto histórico del Senado

Los senadores votaron a favor de la prohibición de los Ecosig en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, en una sesión que duró casi 12 horas.

Este hecho representa un avance significativo en la legislación mexicana, a un mes de que fuera aprobada en la Cámara de Diputados y seis años después de que se presentara la iniciativa, señala Infobae.

El Senado informó a través de redes sociales: «Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+».

Después de la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que realice los trámites correspondientes y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Sanciones para los ECOSIG en México

Según lo aprobado por el Senado, quienes realicen terapias de conversión podrán enfrentar penas de dos a seis años de prisión y multas que van desde 1.000 hasta 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que actualmente equivale a una suma de entre 108.000 y 216.000 pesos.

Las reformas añaden un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud, especificando que estas sanciones se aplicarán a cualquier persona que realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que atente contra la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

En caso de que estas conductas se dirijan a personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad, las penas se duplicarán.

Se establece que bastará con la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que constituyan el delito previsto en este artículo.

Responsabilidad de los Padres y Profesionales de la Salud

Los padres, madres o tutores que participen en estas prácticas también podrán ser sancionados, aunque de manera distinta. En caso de ser ellos quienes cometan las acciones sancionadas, se les aplicarán amonestaciones o apercibimientos, según lo decida el juez.

Si la persona que realiza las terapias de conversión tiene una relación de subordinación con la víctima, ya sea laboral, docente, doméstica, médica o de cualquier otra índole, o si se vale de su función pública para cometer el delito, se le castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar su cargo durante un tiempo igual al de la pena impuesta.

Los profesionales de la salud que realicen o promuevan estas prácticas también serán sancionados. Aquellos que obstaculicen, restrinjan, impidan, menoscaben, anulen o supriman la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona enfrentarán una suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años, además de las sanciones establecidas en el Código Penal Federal.

Reacciones ante la Prohibición

La prohibición de las terapias de conversión ha sido celebrada por activistas y políticos en México. La senadora Patricia Mercado, una de las legisladoras que impulsó la iniciativa, destacó el trabajo de organizaciones como Yaaj México, dedicadas a promover y defender los derechos de la comunidad LGBT+.

«Están prohibidos en México los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género #ECOSIG, mal llamadas ‘terapias de conversión’. Nos costó casi seis años hasta ser el último dictamen en aprobarse en este periodo ordinario final de la LXV Legislatura, gracias a la persistencia de la sociedad civil a través de @YaajMexico y @genarolozano, así como de quienes promovimos la iniciativa y las legisladoras y legisladores aliados que fuimos sumando», expresó la senadora en su cuenta de Twitter.

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