El gobierno de Nicaragua anunció la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por actos que “menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación e incitar a la violencia y a la desestabilización económica”.
La gran mayoría de los presos políticos deportados fueron declarados “traidores a la patria” e inhabilitados “quedando en suspenso sus derechos ciudadanos de forma perpetua», según la justicia local.
No es un dato menor que horas antes, el Parlamento –totalmente sandinista- aprobó una reforma a la Constitución que establece la pérdida de la nacionalidad de los nicaragüenses que sean considerados “traidores a la patria” (Art. 21)
La primera votación fue concluyente: 85 a favor y ninguno en contra. No fue necesario ni el debate.
Con esta reforma los expulsados perdieron su nacionalidad «por lesionar los intereses supremos de la nación». El hecho no tiene precedentes en la historia del país.
Entre los desterrados, viajan varios de los precandidatos presidenciales encarcelados desde 2021, sacerdotes católicos, activistas y dirigentes universitarios, además de un ciudadano estadounidense.
Distintas ONG de derechos humanos, locales e internacionales, calculaban que 235 personas permanecían tras las rejas acusados por delitos considerados “políticos”.
«Hoy es un gran día para la lucha por la libertad de Nicaragua al salir de las cárceles tantos prisioneros injustamente condenados o procesados, cárceles en las que nunca deberían haber estado. Van al destierro, pero van hacia la libertad», subrayó el escritor Sergio Ramírez, antiguo vicepresidente y disidente sandinista desde hace décadas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, celebró la liberación, dijo que era producto de la diplomacia estadounidense y aseguró que la acción “abre la puerta a un mayor diálogo” entre ambas naciones.
