El Grupo Interdisciplinario de Investigadores Expertos (GIEI), un equipo conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha presentado su sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
El documento, titulado «Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes», concluye los trabajos del grupo ante la falta de avance debido a la falta de cooperación de las autoridades, especialmente por parte de las Fuerzas Armadas de México. Los datos presentados refuerzan aún más la necesidad de no abandonar el caso.
En el informe, Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, los dos últimos miembros del GIEI, revelaron en una conferencia de prensa que la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue mayor de lo que se había reportado anteriormente en entrevistas.
El grupo pudo establecer que agentes de Sedena estuvieron presentes en las zonas donde ocurrieron los movimientos la noche del 26 al 27 de septiembre, y que hubo comunicación constante y bidireccional entre esta entidad y el C4 (Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicación).
Además, se acredita que la Secretaría tenía conocimiento de los movimientos del grupo delictivo Guerreros Unidos esa noche y en los días siguientes, pero no tomaron ninguna acción al respecto. Estos hallazgos relacionados con el ente del Estado ocupan gran parte del informe, que consta de 322 páginas.
En cuanto a la Secretaría de Marina (Semar), Buitrago y Beristáin informaron que, aunque no hay indicios de su intervención el 26 y 27 de septiembre, sí intervinieron inmediatamente después. Según el informe, miembros de este organismo llevaron a cabo detenciones y torturas, que lamentablemente resultaron en la muerte de dos personas.
El análisis y mapeo de la telefonía proporcionó detalles hasta ahora desconocidos, incluido el papel del Centro de Inteligencia, que monitoreó exhaustivamente la actividad de los jóvenes ese día. Se constató que agentes del Comando de control y comunicación, estuvieron presentes en los lugares donde se detuvo a los estudiantes que viajaban en autobuses.
El GIEI pudo establecer que los jóvenes fueron divididos en tres grupos, pero después de esa división, fueron distribuidos en otros grupos que se dirigieron a diferentes lugares. A partir de ese momento, la pista de los estudiantes desaparecidos se perdió, y aunque se han realizado investigaciones y se han abierto caminos, aún se desconoce qué sucedió con ellos, tanto por parte de los criminales como de las fuerzas de seguridad.
Buitrago y Beristáin destacaron que las Fuerzas Armadas han insistido en ocultar información «evidente», lo que ha obstaculizado el avance de la investigación. A pesar de la promesa de abrir todos los archivos, aún falta mucha información por desvelar.
El GIEI concluye su labor en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, pero enfatizó que esto no implica el cierre del caso, sino que es esencial que la Fiscalía General de la República (FGR) de México asuma la responsabilidad para seguir investigando y buscar la verdad.