La Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) informó que al menos 70% de los habitantes de Gaza no tendrán acceso al agua a partir del miércoles.
Esto se debe al bloqueo de combustible por parte de Israel, que ha generado la destrucción de la infraestructura hídrica de la zona en conflicto.
«Al final del día de hoy, alrededor de 70% de los habitantes de Gaza carecerán de agua potable. Los servicios claves, incluidas las plantas desalinizadoras de agua, las de tratamiento de aguas residuales y los hospitales, han dejado de funcionar», dijo el director de la Agencia, Philippe Lazzarini.
Este miércoles la Unrwa recibió 23.000 litros de combustible para la Franja de Gaza, pero las autoridades israelíes condicionaron a que solo se utilizara para transportar «pequeñas cantidades de ayuda» que llegan a través de la frontera con Egipto.
El organismo señaló que la asediada región demanda 160.000 litros de combustible a diario para llevar a cabo las operaciones humanitarias.
La agencia de la ONU hizo un llamado a las autoridades israelíes para que autoricen la entrega necesaria de combustible, como lo exige el derecho internacional. «Con solo el combustible para los camiones, ya no se salvarán vidas. Una espera más larga costará vidas», apuntó Lazzarini.
«Es atroz que se siga utilizando el combustible como arma de guerra. Durante las últimas cinco semanas, Unrwa ha estado suplicando por combustible para apoyar la operación humanitaria en Gaza. Esto está paralizando seriamente nuestro trabajo y la entrega de ayuda a las comunidades palestinas en Gaza», advirtió el funcionario.
La Agencia informó que las instalaciones públicas de agua y aguas servidas, incluídos 60 pozos y dos plantas desalinizadoras comenzarían a cerrar a partir del 15 de noviembre, lo que provocará el cierre del suministro de agua a 44 refugios de la Unrwa en el que se encuentran más de 290.000 desplazados internos.
Debido a esta situación, los niños corren peligro de contraer enfermedades transmitidas por el agua y las familias se ven obligadas a comprar agua para el consumo, que genera una mayor carga económica a las familias que ya se encuentran en situación de pobreza.
