Este lunes la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se pronunció sobre el régimen de excepción impuesto por el gobierno de El Salvador, y el despliegue de fuerzas policiales y militares en las calles de San Salvador como acción contra las pandillas.
Hasta ahora, con esa medida se han capturado más de 40.000 personas reportadas como integrantes de pandillas, sin embargo, Bachelet asegura que esta medida ha supuesto un aumento del riesgo de detención arbitraria.
Además, aseguró que la serie de reformas a la legislación penal y procesal penal aplicadas en ese país “incrementan la posibilidad de que los detenidos sean torturados”.
De acuerdo con un informe de la ONU, para realizar las capturas se ha recurrido a un uso innecesario y excesivo de la fuerza.
La postura de la Alta Comisionada se ampara en la información ofrecida por Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, desde donde se han denunciado casos de tortura y muerte en la detención de personas bajo tutela del Estado.
A principios de junio, Amnistía Internacional reportó que al menos 18 detenidos habrían muerto bajo la tutela del Estado desde que se declaró la medida en marzo. Esta semana reportó 28 casos de violaciones de derechos humanos.
Según información de EuropaPress, el titular del Ministerio Público, René Escobar, negó este lunes que existan “detenciones arbitrarias” realizadas durante el régimen de excepción vigente y aseguró que se ha reunido con organizaciones que alegan “detenciones arbitrarias”, sin embargo, ninguna ha sido comprobada.
“A todas las personas que han sido capturadas o les están procesando por algún delito, tienen asistencia por parte de la Procuraduría General de la República, a menos que ellos deseen tener una defensa privada”, aseguró.
Las autoridades de El Salvador decretaron a finales de marzo el Estado de excepción, debido a una repentina alza de violencia que dejó 83 muertes en solo tres días. Los homicidios volvieron a bajar drásticamente desde el 28 de marzo. El régimen de excepción ha sido prorrogado en varias ocasiones, la última de ellas a finales de mayo, cuando se prolongó por otros 30 días.
Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías. De hecho, desde el inicio de la medida de excepción, las autoridades de seguridad han detenido a más de 38,000 personas acusadas la mayoría de agrupaciones ilícitas y algunas personas en puestas en libertad luego de estar arrestadas durante varios días. El Gobierno ha dicho que hay un error del 1 % en las capturas.
